Francisco Medina: “Acción por el clima”

En minería, las empresas han asumido las políticas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), y son actualmente un modelo de gestión en el país. En lo que respecta al uso del agua, por ejemplo, ha sido la primera industria en utilizar tecnologías de desalinización para el abastecimiento de sus operaciones, ha potenciado técnicas para la obtención de aguas de origen subterráneo y también para recolección y conservación de este importante recurso, indispensable para las épocas de sequía. A ello se suman técnicas de reutilización de agua, permitiendo que su uso sea priorizado para otras actividades como el agro y el consumo de las poblaciones vecinas.

Otro aspecto a destacar es que el 77.3% de la energía utilizada por la industria minera, de acuerdo al último Balance Nacional de Energía, corresponde a electricidad. Ello evidencia una clara reducción en el uso del diésel, lo que es clave para disminuir las emisiones de CO2. Además, es importante considerar que la energía eléctrica proviene principalmente de hidroeléctricas (recurso renovable) y gas natural, que es un combustible limpio, complementado por energía solar y eólica, que vienen ganando participación en la matriz energética del país.

Sería importantísimo que estas iniciativas, apoyadas mediante normativas e incentivos oportunamente difundidos, puedan ser replicadas en otros sectores productivos como el agro, actividad que, de acuerdo a estimaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), consume el 76% del agua utilizada en el país. Técnicas como el riego tecnificado, la construcción de represas y acueductos podrían contribuir a un uso más eficiente del recurso hídrico en este sector.

Actualmente existe un riguroso sistema de fiscalización ambiental por parte del Estado, siendo la minería formal la actividad más regulada y, por ende, la que cumple de manera más estricta el logro de estos objetivos de “acción por el clima”. Es positivo el rol del Estado, pero éste también enfrenta desafíos, como la eficiencia en la revisión de expedientes y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios públicos. A ello se suma el necesario fortalecimiento institucional para intervenir en actividades no fiscalizadas, como la minería ilegal que en el último tiempo se ha multiplicado en nuestro país, y que viene depredando nuestros recursos naturales, contaminando el aire y los ríos. Esta se ha convertido, sin duda, en el principal problema para poder cumplir este objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible mundial.

Que este Día Mundial del Medio Ambiente, además de destacar las buenas prácticas y los esfuerzos por proteger nuestro entorno, propicie también una reflexión y toma de medidas concretas ante estas actividades ilegales que son tan nocivas para nuestro país y para la humanidad.