Un golpe y hasta un acto de magia. Estas son algunas comparaciones que ha recibido por parte del sector privado la reciente medida del Gobierno de suspender la entrega de la licencia de construcción al

En un contexto en el que la confianza empresarial en el Perú no está en su mejor momento, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la , comentó que la decisión tomada por el Consejo Nacional de Minería da un mensaje equivocado a los inversionistas.

“Este es un nuevo golpe a nuestra institucionalidad. Estamos erosionando uno de los pilares fundamentales del modelo económico peruano, que era el respeto a las reglas de juego y la predictibilidad en la materia normativa de la inversión privada”, explicó a Perú21.

A esto, agregó que la medida es contradictoria, pues la licencia fue otorgada por el propio Ministerio de Energía y Minas.

Manuel Fumagalli, presidente de la SNMPE, sostuvo que el Gobierno no sería consecuente con su primera decisión: “El Estado debe defender los actos administrativos que ha emitido, como la licencia de construcción, que, conforme el propio Ejecutivo indicó, cumplió con todos los requisitos”.

Precedente negativo
A las críticas se suma la preocupación por el precedente que deja la decisión del Gobierno. De la Flor advirtió: “Si un permiso de construcción se puede suspender así, ¿qué otro tipo de autorización puede correr la misma suerte? Va a haber una enorme preocupación de parte de los inversionistas”.

Tal preocupación la comparte . “Este es un mal precedente para cualquier actividad. Consiste en que si hay un grupo de ciudadanos que se opone a un proyecto, que acude a la violencia y tiene el respaldo de una autoridad, en este caso del gobernador regional de Arequipa, puede hacer que el Gobierno, o al menos este Gobierno, retroceda en su decisión”, aclaró.

A su parecer, el futuro no sería más auspicioso: “Ya no sé qué conejo sacará del sombrero el Gobierno para seguir tirando la pelota para adelante. Me parece que lo que está haciendo el Gobierno es dejarle este tema al siguiente”.

Mala señal
Más allá de los precedentes y riesgos que genera la actitud del Poder Ejecutivo, , consideró que ya hay una mala señal que ha sido proyectada con esta decisión.

“Es una mala señal para el país que preocupa al sector empresarial. Los argumentos para suspenderla por 120 días hasta resolver el problema de fondo es una excepción que preocupa. La ley de procedimiento administrativo señala que interpuesto un recurso, no suspende la ejecución del acto impugnado”, precisó la lideresa de la Confiep.

Por otra parte, también aclara que “es perfectamente posible desarrollar actividad minera y agricultura en zonas cercanas”. Como ejemplo expuso el caso de Cerro Verde, que está cerca del valle del río Chili.