En 2020 el presupuesto del Estado ascendía a 177 mil millones de soles y se destinó a tres categorías principalmente: gasto corriente, que se orienta a las actividades o gastos que permiten prestar el servicio a un sector (planillas, por ejemplo); gastos de capital que permiten ampliar la capacidad del Estado para brindar servicios públicos; y por último, el servicio de la deuda, que comprende diversos pagos que hace el Estado a acreedores nacionales o internacionales.
Aclarado esto, evaluemos cómo se comportó el Estado peruano en 2020. Faltando muy poco para culminar el año, hasta el cierre de noviembre, se puede notar que los gastos de 2020 han sido principalmente para pagar personal, compra de bienes y servicios, deuda, pensiones y un exceso de otros gastos. Estos otros gastos consideran los bonos familiares que se han otorgado en el marco de la emergencia, así como el programa de bonos del Ministerio de Vivienda y Construcción.
Esto era esperable pero no es recomendable. Un Estado así se vuelve muy caro y por eso las agencias de calificación nos están llamando la atención. El Estado debe ser más eficiente con el dinero que tiene.
El problema, además, está en que, también al cierre de noviembre, la tercera parte de los recursos públicos no han sido ejecutados para inversión y gasto de capital, ese gasto que sirve para mejorar servicios públicos que justamente disminuyen las brechas de desigualdad y reducen la pobreza.
¿Es el COVID-19 una buena excusa? No. En condiciones normales el presupuesto tampoco había sido ejecutado en su totalidad. El gobierno del presidente Vizcarra ha sido uno de los peores en cuanto a ejecución presupuestal. Al año se devuelven un total de 25 mil millones de soles en promedio, para todos los sectores. Y el 63% de lo devuelto en los últimos años (16 mil millones de soles en promedio) corresponde al presupuesto de inversión pública.
Vale la pena, entonces, reflexionar sobre las oportunidades que se pierden al no ejecutar el total del presupuesto. Empecemos por el sector salud. En el Perú, con los aproximadamente 25 mil millones que devolvemos cada año, se hubiera podido construir 281 centros de salud de primer nivel, 86 hospitales y, además, atender a aproximadamente a 5 millones de afiliados a Essalud.
El canon y regalías que provienen de la inversión petrolera y minera del país son fundamentales en muchas regiones y distritos que no tienen un sistema de recaudación de impuestos. Es decir, cientos de distritos peruanos no tienen contribuyentes.
Además, este dinero se transfiere para beneficiar a las poblaciones de las zonas de influencia de los proyectos, pero las autoridades de estas regiones y distritos son los intermediarios y no usan bien el dinero. Casi el 20% del canon se usa en gastos no esenciales.
Para cambiar esta situación es necesario corregir cómo se reparte el canon, en qué se usa y, sobre todo, visibilizar que este dinero llega directamente de las empresas, y no por obra y gracia del espíritu estatal.
“Con cuatro laboratorios hemos tenido el contacto y hemos estado a punto de cerrar, (…) irresponsablemente el Congreso me vaca y se tira abajo al Gobierno”.
Su afirmación es falsa. Martín Vizcarra (que fue vacado el 9 de noviembre por las acusaciones de haber recibido millonarios sobornos cuando fue gobernador de Moquegua) emitió el 11 de setiembre el Decreto de Urgencia N° 110-2020, en el que excluía de la Ley de Contrataciones del Estado la adquisición y distribución de las vacunas.
La norma, además, facultaba al Ministerio de Salud a “suscribir contratos, acuerdos y/o convenios con el sector privado”. Ese decreto tenía rango de ley y había tiempo suficiente para que cierren y firmen los acuerdos concretos con los laboratorios, pero no lo hicieron. Nada tuvo que ver el Congreso. Así de sencillo.