La informalidad laboral es el tema primordial que urge de la atención de quien gane las próximas elecciones presidenciales.
La informalidad laboral es el tema primordial que urge de la atención de quien gane las próximas elecciones presidenciales.

A inicios de año, el economista Elmer Cuba afirmaba que en los últimos años, la (RMV) se había incrementado “por cuestiones políticas, ya sea porque los presidentes se iban a retirar o porque lo ofrecieron en campaña”, dejando de lado criterios técnicos como la inflación y el incremento de la productividad laboral.

Sea por una promesa de campaña o porque el final de su periodo estaba cerca, desde el 2001, año en el que Alejandro Toledo llegó a la presidencia, hasta marzo del 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó Palacio de Gobierno, el sueldo mínimo se incrementó en 12 oportunidades.

Y, a menos de cuatro semanas de la primera vuelta, varias de las promesas de los candidatos a presidente –como señalaba Elmer Cuba– tienen a la RMV como su protagonista.

MIRA: Órganos para gestionar obras públicas no se han conformado, ¿cómo afecta al Plan de Infraestructura?

Sin ir muy lejos y solo por mencionar dos casos, Victoria Nacional (VN) de George Forsyth propone la fijación de una RMV diferenciada, según tamaño de empresa, productividad sectorial y costo de vida regional.

Mientras que Juntos por el Perú (JP), de Verónica Mendoza, plantea un incremento periódico del sueldo mínimo con criterios técnicos y diálogo social.

PUNTO DE PARTIDA

Independientemente del partido que esté detrás del ofrecimiento, los laboralistas Armando Gutiérrez y Jorge Toyama coinciden en la necesidad de atacar la informalidad laboral como punto de partida, pues se trata de la principal problemática que a nivel laboral enfrenta nuestro país.

Si bien, como señala Armando Gutiérrez, socio del Estudio Rubio, Leguía, Normand, la revisión periódica de la RMV es un punto importante, no se debe olvidar que más del 70% de la PEA del país trabaja de manera informal, y cualquier cambio en la RMV o en los derechos laborales previstos en la ley, no los termina beneficiando.

Por ello, recomienda que antes de proponer un incremento de la RMV, se piense en mecanismos que permitan la formalización del empleo, que es el principal problema.

¿De qué manera? Generando incentivos para la contratación de trabajadores formales para que estas personas gocen de los beneficios laborales establecidos en la ley, así como de la seguridad social; y, al mismo tiempo, reforzar la función inspectiva por parte de la .

“El Estado debe concentrarse en establecer mecanismos que fomenten el empleo formal. Podrían establecer beneficios tributarios por la contratación formal de trabajadores o mecanismos de contratación inicialmente temporales o menos rígidos, atendiendo a este contexto de incertidumbre”, señala.

Al respecto, Jorge Toyama, socio del Estudio Vinatea & Toyama, sostiene que considerando que el principal problema del país es la informalidad laboral, el Estado debe enfocarse en combatirla no solo con la generación de nuevos puestos de empleo sino con seguridad social.

“El gran reto del nuevo gobierno más que generar empleo es asegurar a la población pero con un seguro de verdad no como el SIS o Pensión 65, que son subsidios, hablo de seguros con contribución”, señala.

CRITERIOS TÉCNICOS

Sobre las propuestas de ambos partidos, Toyama refiere que aun cuando en mayo se cumplirían tres años del último aumento de la RMV que la ubicó en S/930, la posibilidad de un nuevo incremento se debe analizar bajo tres criterios: oportunidad, procedimiento y criterios técnicos.

Con relación a la oportunidad, asegura que la clave está en “despolitizar” el tema porque “normalmente se ha usado en época electoral, como ahora, o cuando el presidente tiene bajo índice de popularidad, y aunque han pasado más de dos años desde el último aumento, lo primero es ver la oportunidad porque la pandemia así lo amerita”.

Además de encontrar el momento oportuno para el incremento, el laboralista señala que también se debe fijar el procedimiento. De esta manera se sabrá el cuándo, la forma y el rol que asumirán los actores que intervendrán en la decisión. “Así las empresas sabrán cuándo es el momento y de esa manera habrá predictibilidad”, añade.

Y, en el caso de los criterios que se deben considerar para aprobar el aumento, el laboralista sostiene que estos ya han sido fijados en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). En ese sentido no ve con buenos ojos que la RMV diferenciada tome en cuenta el costo de vida regional porque al “no haber una descentralización o regionalización tan fuerte se generaría más dispersión”.

De la misma opinión es Armando Gutiérrez. Explica que si bien el costo de vida es un factor a tener en cuenta, éste varía de región en región, por lo que establecer una RMV diferenciada por región puede generar distorsiones. “Hay trabajadores que domicilian en una región (con un mayor costo de vida) y trabajan en otra (con un menor costo de vida), y se puede desincentivar que se generen empresas en los lugares donde la RMV sea mayor”, dice.

Por ello, considera que utilizar un costo de vida promedio y una misma RMV para todo el país (sin importar el tamaño de la empresa, sector productivo, o región en la que se ubica la empresa), parece ser lo más recomendable.

“Si el Gobierno establece una RMV diferenciada por el tamaño de empresa o la productividad sectorial, se estaría entrometiendo en una negociación que corresponde a las partes de la relación laboral, y podría generar un impacto negativo en la generación de empleo, y un incremento de la informalidad”, señala.

Coincidiendo con Jorge Toyama, el laboralista del Estudio Rubio considera que para determinar el monto de la RMV se deben evaluar factores como el costo de vida promedio, la inflación, y el crecimiento económico del país. “Su finalidad es establecer un piso sobre el cual las partes de la relación laboral (ya sea a través de una negociación individual o colectiva) pueden establecer monto mayores, en función a la realidad de cada empresa, o lo que establece el mercado laboral”, argumenta.

Frente al planteamiento de JP, que propone un incremento periódico de la RMV con criterios técnicos y diálogo social, tanto Gutiérrez como Toyama aseguran que ambos indicadores ya se aplican, por lo que proponer un nuevo aumento del sueldo mínimo en tiempos de emergencia sanitaria no sería viable.

¿Cuándo sería factible? “Hacia el segundo semestre de este año, pero siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, de lo contrario tendrá que ser en el 2022”, prevé Toyama.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR