Los diferentes proyectos de ley apoyados por la titular del Ministerio de Trabajo (MTPE), Betssy Chávez, no son propios de una política de Estado de generación de empleo, sino el reflejo de una agenda sindical, asegura el laboralista Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz.
Para el abogado, las iniciativas legislativas no responden a las necesidades de la población e incluso con estas se estarían encareciendo los costos laborales y boicoteando la generación de más puestos de trabajo formales.
En esto coincide David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, quien señaló que, por ejemplo, la Agenda 19 del MTPE tiene una lista de medidas de demandas sindicales que, finalmente, empujarán al país a una mayor informalidad.
Tercerización
Herrera también explicó que el decreto supremo que limita la tercerización laboral ha tenido muchas irregularidades en su concepción por no haber pasado por la aprobación del Consejo de Ministros, no haber sido prepublicado para opinión, no contar con un informe del impacto regulatorio aprobado por el Consejo de Concertación Viceministerial y no llevarse a discusión ante el Consejo Nacional de Trabajo, pese a que la ministra Chávez lo ofreció.
Para Tuesta, esta norma no solo no está bien definida, sino que podría aumentar en cinco puntos porcentuales la informalidad laboral (que según el INEI llega hoy al 76.8%).
“A esto sumemos lo que podría implicar otras medidas como duplicar la indemnización por despido (de 1.5 a 3 sueldos por año y sin límite) e incrementar la Remuneración Mínima Vital. Estamos ante una legislación laboral donde los únicos beneficiarios serán las fuerzas sindicales que representan apenas el 0.5% de la PEA ocupada total, no tienen representatividad”, dijo.
El traslado de Servir
Ambos especialistas, además, coinciden en que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) no debe pasar al MTPE porque perdería su ámbito de aplicación. “En Trabajo no están las municipalidades, gobiernos regionales, ministerios y organismos públicos descentralizados. Por un tema de competencia, debe permanecer en la PCM”, dijo Herrera.
Impacto económico
Por otra parte, Tuesta explicó que el informe de Standard & Poor’s dejó en claro que una de las razones por las que bajó la calificación crediticia al Perú fue por los retiros de los fondos de las AFP y aún hay planteadas nuevas iniciativas con ese fin. “Se puede colegir que si se aprueban más retiros, el Perú perdería el grado de inversión. Desde sus inicios, el 0.5% del crecimiento del país de cada año se debe a este mecanismo de ahorro a largo plazo”, dijo Tuesta.