El presidente no está donde se proponen soluciones

Por Asociación de Contribuyentes

En tiempos de crisis política y económica, mientras el sector empresarial, asociaciones civiles, jóvenes, políticos de diversas filas, e inclusive sindicatos, se reunieron en CADE 2022 para reflexionar acerca de la situación del Perú y plantear propuestas para salir adelante, el presidente se dedicaba aparentemente a organizar una marcha que al final fracasó, a dar declaraciones en contra de la oposición y a seguir victimizándose.

Parece que el presidente no está donde debería estar ni hace lo que debería hacer. En este momento, es fundamental contar con soluciones para afrontar la situación de precariedad que se vive en la gestión pública, el sistema de salud, las condiciones de trabajo, la institucionalidad política, entre otros. Esto, debido a que las expectativas de crecimiento se desplomaron a partir del inicio de la gestión de Pedro Castillo.

Los fundamentos para seguir invirtiendo en el país y seguir creciendo dependen de ello. El Perú se ubica en el puesto 94 en cuanto a eficiencia del Estado, según el Foro Económico Mundial y existen problemas serios de inversión pública: en el 2021, el 40% de los proyectos ejecutados se crearon ese mismo año, con un monto promedio de medio millón de soles -demasiado pequeños- y muchos de ellos no se culminaron.

Por todo ello, en CADE 2022 se propusieron -entre otras- tres acciones: 1) priorizar obras de alto impacto para cerrar brechas de servicios básicos, 2) crear ‘gatillos’ que permitan ir escalando los proyectos; en caso la municipalidad no pueda llevarlo a cabo, que se eleve a una unidad ejecutora (UE) especializada a nivel regional, y en caso tampoco se resuelva a este nivel, que se traslade a una UE nacional; y 3) aplicar las mejores prácticas internacionales a través de modelos de contrato y de gestión más efectivos.

Mira: Las Bambas: Unos 75,000 puestos de trabajo se ven afectados por bloqueos

La mala gestión pública de las regiones repercute no solo en falta de acceso a servicios públicos, sino que está asociada a una mayor conflictividad social. Al 2022, al analizar los datos del Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) elaborado por Perú Compite, se puede ver que a menor capacidad de gestión existe un mayor número de conflictos sociales en actividades formales. La conflictividad social desincentiva la inversión privada y reduce las posibilidades de seguir reduciendo la pobreza. El problema de los acuerdos de proceso de diálogo es que entre 2012 y 2019, según la Defensoría del Pueblo, en el 87% de estos no existió una entidad que hiciera seguimiento.

La utopía de aumentar la informalidad

Otro de los hallazgos de CADE 2022 fue que mientras la productividad del trabajador peruano representa solo el 40% de la del chileno, los costos regulatorios en nuestro país son 2.5 veces más altos que los del hermano del sur. ¿Qué hacer al respecto? En primer lugar, simplificar la legislación laboral para el caso de las micro y pequeñas empresas, cuya productividad es incluso menor que las grandes, y no son capaces de cumplirla.

Asimismo, se planteó que en nuestro país el costo de despido es demasiado elevado, e inclusive desde un fallo del Tribunal Constitucional en 2001, aun pagando la indemnización correspondiente, se determinó que esto no sea suficiente y que el trabajador elija ser restituido en su puesto de trabajo. La investigación de Jaramillo, Almonacid y de la Flor, en 2017, comprobó que esto generó la multiplicación de los contratos temporales a costa de los contratos indefinidos, fomentando precariedad, inestabilidad e informalidad, todo lo contrario a lo que el Estado debería promover. Así, la ‘reforma’ produjo efectos contrarios: 900 mil empleos permanentes fueron sustituidos por temporales.

VIDEO RECOMENDADO