POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo abordó las víctimas de las protestas, sino que se otorgó el derecho de hablar de temas sociales y económicos estructurales. Una de sus citas más cuestionadas, y con justa razón, es la siguiente:
“La economía peruana está basada, primordialmente, en un modelo extractivista cuyas regalías no han contribuido a reducir significativamente la desigualdad ni han traído desarrollo a las regiones donde predominan los pueblos indígenas y las comunidades campesinas (…). Máxime cuando, según diversos 54 testimonios recibidos, una de las fuentes de conflictividad social histórica se relaciona con el modelo extractivista que incluye concesiones de largo término con beneficios tributarios”.
¿Es esta afirmación correcta? Respóndase usted mismo, lector, la pregunta.
Una economía extractivista se refiere a una economía que se basa principalmente en la explotación de recursos naturales, tales como la minería, la extracción de petróleo y gas, la tala de bosques y la pesca de alta mar.
Históricamente, la actividad extractiva ha sido un componente importante para la economía peruana, debido a su territorio rico en recursos naturales. Sin embargo, en las últimas décadas otros sectores y actividades han contribuido como motores de crecimiento a la economía peruana. Las cifras hablan por sí solas:
Primero: entre los años 2000 y 2015, las exportaciones primarias tuvieron una participación promedio de 81%, y las no primarias el restante 19%. Pero de 2015 a 2022 este ratio cambió a 70% y 30%. Esto quiere decir que las exportaciones con mayor nivel de valor agregado han aumentado en los últimos años, cambiando la estructura de exportación.
Segundo: la composición del PBI nos presenta que el 51% del producto peruano es generado por el sector servicios.
Tercero: finalmente, en Perú la Ley de Canon otorga a los gobiernos subnacionales el derecho a recibir al menos la mitad de los ingresos generados por las actividades extractivas mediante una fórmula establecida. Entre 2008 y 2021 se han destinado más de S/89,000 millones a las finanzas públicas subnacionales por canon y regalías. De estos, el 75% se destinó a los gobiernos locales, mientras que el 25% restante a los gobiernos regionales. El problema no es el aporte de las actividades extractivas sino la pésima gestión de los políticos y funcionarios del Estado. El informe de la CIDH no está solo equivocado, sino que refleja una ignorancia audaz frente a la evidencia, los datos y los conceptos más básicos de la economía. Y hemos analizado una sola cita sesgada y equivocada del informe. Como ésta, existen muchísimas.