El Gobierno del pueblo, no sabe ayudar al pueblo

Por Asociación de Contribuyentes

El pasado viernes 12 de agosto, se publicó la ley Nº 31556, que promueve medidas de reactivación económica de las micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, y que establece una reducción sobre la tasa especial y temporal de Impuesto General a las Ventas (IGV), pasando del 18% al 8% de ese gravamen.

Si bien, reducir el IGV a los productos turísticos pareciera ser una alternativa positiva para impulsar la reactivación de la industria, esta medida podría tener truco así que hay que analizarla con cuidado. Dicha ley entrará en vigor el primero de septiembre, y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2024.

En el marco de los efectos de la ley, el ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, dijo: “El número de puestos de trabajo directos e indirectos del sector turismo se recuperarán a niveles prepandemia en cuatro años (para el año 2026). La ley aceleraría la recuperación de los empleos turísticos al 2024, es decir, en dos años, como ha sucedido en otros países que adoptaron medidas similares”. Añadió: “La ley incentivará el consumo de los servicios turísticos, por efecto de la reducción de precios de cara al contribuyente, favoreciendo la recuperación de la demanda y el crecimiento de los ingresos de las empresas turísticas”.

Sus promotores también comentan que a pesar de tener un costo fiscal elevado, estimado en S/690 millones, con la reducción del IGV se lograría aumentar la recaudación y la base tributaria, al verse más empresas incentivadas a invertir en el sector. Pero esto no parece ser así. El problema es que la ley. si bien detecta que existe un problema en el sector turístico que necesita ser resuelto, la forma que está planteando es incorrecta.

En primer lugar, el sector no ha dejado de crecer por sí solo, por lo cual parece poco razonable doparlo con política fiscal. De enero a junio, el sector alojamiento y restaurantes acumuló un crecimiento de 61.76% respecto al mismo período el año pasado, según el INEI.

En segundo lugar, la gestión del extitular del MEF Oscar Graham rechazó la iniciativa alegando que, de los 114 mil contribuyentes que registró la Sunat en este rubro durante 2021, más del 50% (unos 62 mil negocios) no pagaron IGV por estar registrados en el Régimen Único Simplificado (RUS), entonces ellos no verían ningún tipo de beneficio.

Asimismo, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) considera que de las 200 mil empresas que componen el sector turismo, solo las empresas que sí pagan IGV se beneficiarían, es decir, las grandes. Esto quiere decir, que solo las empresas grandes se verían beneficiadas con mayores márgenes de ganancias, que no necesariamente implicaría que bajen sus tarifas a los turistas (¡!).

Dicho esto, podríamos anticipar que los resultados ‘positivos’ serán absorbidos por las empresas ya operativas, que cuentan con capacidad logística y de infraestructura, mientras los pequeños no ganarán nada; al contrario seguirían sufriendo las consecuencias de la actual crisis económica. La conclusión: el Gobierno del pueblo no sabe qué hacer para ayudar al pueblo y termina ayudando a los que supuestamente ‘no son el pueblo’.

Siguen ahorcando a los contribuyentes

El reciente impuesto de 12% de la base imponible para apuestas online y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de 1% para los apostadores, supuestamente, ayudaría a recaudar hasta 160 millones de soles al año.

Sin embargo, esta disposición afectaría la competitividad del sector de juegos y apuestas de origen nacional con respecto a las empresas extranjeras (que no tributan en Perú), generando resultados negativos para dicha industria local y, desde luego, para el empleo local.

Lo mismo ocurre con la entrada en vigencia de nuevas multas de tránsito a nivel nacional, que van desde los 828 soles hasta 2,300 soles. Los hombrecitos amarillos ya aparecieron por todas las calles de Lima.

Este conjunto de iniciativas irracionales seguirá en aumento, dado que tenemos un Estado que no sabe ayudar a la clase media y a los pobres, pero sí sabe ahorcarlos, mientras que la ejecución de los proyectos de inversión promedia apenas en un 30% para la primera mitad del año. Es decir, nos quitan dinero, pero no lo usan adecuadamente.