Una pésima señal. Pese a todas las alertas, el Gobierno promulgó la derogatoria del decreto legislativo 1607 que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado vinculado a la minería ilegal. La norma tiene la firma de la presidenta Dina Boluarte y del premier Gustavo Adrianzén.
Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, expresó que el allanamiento del Ejecutivo a la derogatoria aprobada por el Congreso “nos causa desazón y mucha incertidumbre”.
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“Esperábamos un análisis más exhaustivo. Sin embargo, el Ejecutivo procedió, sin reparo alguno, a dar marcha atrás sobre una norma que ellos impulsaron meses atrás y consideraban necesaria para combatir el crimen organizado, promulgando la Ley N.° 31989 en edición extraordinaria del Diario El Peruano la noche del último miércoles”, agregó.
Por su lado, el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, manifestó que esta decisión es “un desincentivo a la inversión privada formal”.
“Muy difícil es la convivencia entre la minería responsable formal y la ilegal. La informalidad en la economía peruana y en especial en minería debe combatirse, la derogatoria va en el camino opuesto. En suma, un error muy grave esta derogatoria”, expresó en declaraciones a Perú21.
El Grupo Propuesta Ciudadana emitió un comunicado en el que señala que la decisión evidencia que “no existe voluntad ni capacidad política para diseñar e implementar una estrategia integral” para enfrentar el problema.
“Estas acciones del Congreso evidencian el creciente poder de este sector de productores mineros y su capacidad de influir en la toma de decisiones de los diversos niveles de gobierno”, añadió.
TENGA EN CUENTA
- Grupo Propuesta Ciudadana precisó que se necesita una política que asuma la complejidad social, política y económica de la minería ilegal.
- “Alentamos a todas las autoridades, centros académicos y a la sociedad civil a mantener una postura crítica”, precisó.
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