Dos alternativas para protegerse de las mafias que trafican con terrenos

Ya sea como comprador o vendedor de una casa o terreno, cualquiera puede estar en la mira de los estafadores.

La inscripción de un inmueble es clave, y el derecho de propiedad otorga una serie de garantías reconocidas en la ley, asegurando que ninguna institución o persona pueda atentar de modo alguno contra ello.

Es decir, nadie podrá desconocer el derecho de una propiedad que ha sido inscrita en Registros Públicos y el propietario vivirá más tranquilo y seguro.

Sin embargo, existen organizaciones criminales que, operando mediante falsificaciones, suplantaciones de identidad y aprovechando las debilidades del sistema legal, actúan dolosamente para hacerse de propiedades ajenas.

Ante estos hechos, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha implementado mecanismos cuya finalidad es prevenir la realización de esta clase de delitos.

1) Alerta Registral: Servicio gratuito al cual se puede acceder a través de la página web de la Sunarp y la App Sunarp (solo en el caso de ‘Alerta de Inscripción’) las 24 horas del día.

A través de ‘Alerta Registral’ el usuario puede afiliarse gratuitamente a ‘Alerta de Inscripción’ y ‘Alerta de Publicidad’.

En la primera, el ciudadano podrá inscribir su propiedad consignando un correo electrónico o número de celular al cual se le pueda alertar cada vez que un tercero quiera inscribir o modificar la partida de su inmueble.

En el segundo caso, los titulares podrán mantenerse informados, a través de correos o mensajes de texto, respecto a las solicitudes de publicidad registral que se presenten sobre la partida o partidas del Registro de Predios que previamente afilien al servicio.

2) SID-Sunarp: Esta plataforma digital está a disposición de los notarios y permite realizar el procedimiento de inscripción registral a través de la presentación electrónica de documentos con firma digital del notario afiliado al servicio.

De esta manera, se garantiza la celeridad del procedimiento de inscripción y la seguridad jurídica de la ciudadanía, al reducir el uso del papel, evitando la falsificación documentaria.