El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, considera que de aprobarse una ley que sancione el acaparamiento y la especulación, se incurría en arbitrariedades y en la incertidumbre de desconocer qué definiciones tienen tales acciones, lo que terminaría provocando la desaparición de los productos que se buscaban promover.
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"Una economía con controles de ese tipo no ha funcionado. Lo que termina pasando es que ese mismo producto que queríamos promover desaparece”, señaló Macera.
"Si lo quieres hacer menos malo [el proyecto de ley de acaparamiento y especulación] tendrías que tener muy claro que esté acotado en tiempo y en espacio. Lo otro es definir quién lo va a interpretar y qué cosa va a interpretar como acaparamiento y especulación, porque si dejas mucho margen de incertidumbre peor va a ser”, agregó.
Para el economista, necesariamente en este tipo de regulaciones se va a tener arbitrariedad, porque no hay un principio económico que diga qué es especulación y acaparamiento.
Además, afirmó que se debe tener cuidado con intervenciones del mercado de este tipo, sobre todo cuando generan incertidumbre a las empresas respecto qué pueden y qué no pueden hacer y también cuando se desconoce quién lo va a definir.
Productos farmacéuticos
De acuerdo con Macera, lo que se está viendo respecto a las farmacias es un desabastecimiento causado por dos aspectos: por personas u organizaciones que se aprovechan para comprar de más y por la mayor demanda orgánica, porque hay más gente que compra más, por lo que se termina agotando el stock.
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Este viernes se espera que el Pleno del Congreso discuta las sanciones para el acaparamiento y la especulación de medicinas. En un contexto en el que usuarios y gremios denunciaron un alza de precios de los medicamentos, así como falta de stock en algunas farmacias en el país, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La congresista Carmen Omonte detalló que a través del Proyecto de Ley N° 4861, que fuera presentado por ella el pasado 18 de marzo, se busca restituir el Artículo 223 del Código Penal, el cual sí penalizaba dichos actos.
