La fecha establecida fue un acuerdo unánime adoptado en la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso. (Foto: MTPE)
La fecha establecida fue un acuerdo unánime adoptado en la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso. (Foto: MTPE)

Redacción PERÚ21

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El Poder Ejecutivo declaró que el 1 de febrero de cada año será oficialmente el ‘Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso’, para sensibilizar a la población sobre este delito y reducir su tolerancia frente a ello.

Según Resolución Ministerial N° 020-2020-TR, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, la fecha seleccionada se debe a que el 1 de febrero de 1960 el Estado peruano ratificó el Convenio N° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual define el trabajo forzoso y establece los compromisos de los Estados parte para prevenirlo y erradicarlo.

La medida servirá para implementar acciones de sensibilización para la población en general, a efectos de informar sobre la conceptualización del trabajo forzoso, los indicios para su detección y sus canales de denuncia, con el propósito de reducir la tolerancia social frente a este flagelo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) será responsable de la difusión y sensibilización de lo dispuesto en la resolución.

Las campañas informativas y cualquier otro trabajo que se realice se financiará con cargo del presupuesto institucional del MTPE, sin irrogar gastos adicionales al Tesoro Público.

El MTPE indicó que la fecha establecida fue un acuerdo unánime adoptado en la Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, que preside el referido ministerio, y se encuentra alineado con la implementación del III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 015-2019-TR.

El trabajo forzoso es considerado una forma moderna de esclavitud, constituye la vulneración de algunos de los derechos fundamentales del ser humano, como es la privación de la libertad de trabajo y el menoscabo de la dignidad humana, y se opone a la aspiración de un trabajo decente.

Este problema público constituye un grave delito contra la libertad de las personas, de acuerdo con el Código Penal.