El último miércoles, después de las 11 de la noche, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto que plantea la devolución de los aportes de la ONP.
En el dictamen se establece que los beneficiarios serán los exaportantes mayores de 55 años y que no cumplieron con los 20 años de aportes que se requieren para acceder a una pensión en el sistema público.
La iniciativa legislativa también señala que los actuales aportantes podrán retirar hasta una UIT (equivalente a S/4,300) del fondo.
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En el debate, varios integrantes de la Comisión de Economía insistieron en que se aprobara rápido la propuesta en dicha comisión para que pase a la sesión plenaria que se realizó ayer. Este diario conoció que la Junta de Portavoces no se puso de acuerdo para incluirlo en la agenda.
Impacto
¿Qué pasará si la propuesta se convierte en norma? El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, explicó que el costo que esta medida generaría al Estado sería de aproximadamente un punto del Producto Bruto Interno (PBI).
Ese dinero, explicó, “va a salir del tesoro público”, pues señaló que actualmente la ONP tiene “un déficit que no le permitirá cumplir con una norma como la que se está planteando en el Congreso”.
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“Cuando se trata el tema, partimos de un error, porque se habla de devolución de los aportes cuando no existen aportes para ser devueltos”, manifestó a Perú21.
Macera precisó que aproximadamente “dos tercios de las personas” que se encuentran en el sistema nacional “no recibirán pensión”, debido a que no cumplen con los requisitos establecidos.
Por su parte, el constitucionalista Víctor García Toma aseguró que el dictamen planteado por la Comisión de Economía es “inconstitucional”, ya que señaló que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
“Este proyecto, si se convierte en ley, tiene efectos económicos, y al tener efectos económicos, ingresa en la cláusula de prohibición que tienen los congresistas”, resaltó.
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Asimismo, recordó que el Parlamento tiene una participación económica pero en aspectos concretos como la aprobación del presupuesto.
“Tiene la potestad de imponer impuestos y tiene en sus manos la Ley de Equilibrio y Endeudamiento Financiero si es que constataran que hay un desequilibrio entre ingresos y egresos”, comentó.
En ese sentido, consideró que si el Pleno del Legislativo le da luz verde, el Ejecutivo lo debe observar. Además, señaló que en caso de aprobarse por insistencia, se tendrá que presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional.
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