Cuidado, burocracia por burocracia no suma

Pedro Castillo es el presidente del Perú con la peor aprobación de los últimos 20 años al inicio de su mandato, con apenas 38%. Su desaprobación en Lima llega a 62.4%; por eso busca apoyo en las regiones. Más allá de su discurso populista, Castillo tendría un plan de “descentralización”. En una reunión con gobernadores, dijo que “los ministros están trabajando para eliminar los órganos paralelos a los gobiernos regionales”.

Esto implicaría que los gobiernos regionales sean los encargados de evaluar los proyectos de infraestructura, saneamiento y agricultura. Pero también implicaría la creación de más oficinas descentralizadas en materia de salud y educación, lo que sobredimensionaría el tamaño del Estado.

En el proyecto de presupuesto de 2022 aumentan los recursos de los gobiernos regionales y municipios. Por ejemplo, el “Fondo de inversiones” para la ejecución de los proyectos a cargo de los gobiernos regionales y locales, administrado por el MEF, tendría un presupuesto de S/2,300 millones, el doble que ahora.

Además, se autorizaría el uso de recursos del Fondo de Compensación Regional (Foncor), que consiste en la transferencia gradual de un porcentaje del IGV a los gobiernos regionales: 1% en 2022, 1.5% en 2023 y 2% en 2024. En total, se asignarían S/4,000 millones adicionales a las regiones.

“Esto no puede pasar desapercibido. Nuestro fallido intento de descentralización, mal entendido solo como transferencias de recursos, nos ha dejado como resultado que, en los últimos cinco años, el nivel de devolución del presupuesto de inversión pública de municipios aumente de 35% a 48%, y una ejecución de canon minero que no supera el 70%”, dice Lucero Martínez, de la Asociación de Contribuyentes.

No solo nos enfrentamos a una permanente devolución de recursos al tesoro público por incapacidad de gestión. En las transferencias intergubernamentales, como el Foncomun, Canon y Foncor, si el dinero no se gasta, se queda en los gobiernos subnacionales. Esto deteriora el manejo de la caja fiscal y hace más difícil su fiscalización.

En tanto, gobiernos regionales y municipios no han sido capaces de dotar de servicios de calidad a la población. Por ello, descentralizar para agilizar procesos, destrabar proyectos y acercar el Estado a los peruanos es adecuado, pero hay que vigilar si es esto lo que se busca o solo se prioriza más recursos sin más responsabilidades ni mayor capacidad de gestión.

¿Es el presupuesto de la República “centralista”?

Voceros del oficialismo sostienen que el presupuesto de 2022 es “centralista”, porque, a simple vista, el gobierno nacional administra el 70% de los ingresos y las regiones, el 30% restante.

Para desmentir esa afirmación, es necesario considerar que hay una parte de los recursos del presupuesto que no puede ser administrado por los gobiernos subnacionales, por la naturaleza de la institución o actividad que financian. A esta parte se le denomina presupuesto no descentralizable y se destina a i) entidades de influencia en todo el país (ministerios, organismos reguladores y autónomos, entre otros); ii) partidas de órganos del MEF, como la reserva de contingencia y el pago de deuda pública; iii) fondos concursables de proyectos y obras de la Reconstrucción con Cambios.

Los recursos no descentralizables ascienden a S/77,935 millones, el 39% del presupuesto 2022. De los S/119,067 millones disponibles, el 55% va a los gobiernos subnacionales (más de la mitad) y 45% al gobierno nacional.

Incrementos por inercia: sin objetivos claros

Mientras Pedro Castillo quiere crear más oficinas ‘descentralizadas’, en el Congreso se debate el presupuesto público 2022, el cual presenta incrementos por inercia, es decir, un aumento por regla pragmática.

Año tras año, los presupuestos son muy similares, con pequeños incrementos porcentuales, y no se consideran aspectos importantes como los resultados de la gestión de los gobiernos subnacionales, evaluaciones de programas y cambios en las necesidades. Mientras se siga trabajando sin un objetivo claro, se insistirá en mantener órganos, programas o proyectos que no cumplen con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.