La Asociación Peruana de Consultoría (APC) se pronunció en contra de los contratos Gobierno a Gobierno (G2G) debido a que la mayoría no cumplen con los cronogramas propuestos, son poco transparentes y constituyen una manera de eludir la acción de la Contraloría General de la República y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
El presidente de la APC, Elías Tapia, manifestó que muchos de estos contratos no han aportado la celeridad que se esperaba, y una demostración de ese desastre son las obras de reconstrucción de los daños causados por el Fenómeno de El Niño Costero de 2017, en donde en más de seis años no se han concluido las obras en el norte del país.
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Detalló que con el mecanismo G2G se buscaba acelerar las grandes y más complejas obras que necesita el país y libre de corruptelas, pero los hechos -enfatizó- demuestran lo contrario,
Puso como ejemplo de ello el caso del grupo francés Egis, que -a través de sus filiales Egis Villes et Transports y Egis Perú- tiene a cargo el PMO (Oficina de Gestión de Proyectos) de la Nueva Carretera Central y la Vía Expresa Santa Rosa.
Tapia manifestó que el gremio que él preside junto con el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) están muy preocupados porque las empresas Egis Eau SAS y Egis International SAS, filiales del grupo Egis, fueron recientemente inhabilitadas por el Banco Interamericano de Desarrolo (BID) para ejercer actividades hasta el 2 de enero de 2027 por prácticas fraudulentas y corruptas relacionadas con la supervisión de obras de agua y saneamiento en Panamá.
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