En su primer mensaje a la nación, Pedro Castillo anunció la implementación del criterio de rentabilidad social, “que es superior a la licencia social”, para las inversiones mineras.
El mandatario detalló que esta consistirá en que “todo proyecto debe contribuir con” dinamizar la economía local, regional y nacional; incrementar “realmente” el ingreso nacional, “donde la recaudación de impuestos o regalías sea positiva y relevante” y mejorar el nivel de empleo y salarios.
También deben considerar “realizar transferencia tecnológica”, que implica el fortalecimiento de las instituciones para que se concrete este aprendizaje; mejorar la distribución del ingreso, “donde la intervención no genere grupos privilegiados y otros excluidos” y promover y preservar la cultura y el medio ambiente.
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Expertos consultados por Perú21 señalaron que lo anunciado no termina siendo claro, por lo que existe todavía incertidumbre sobre lo que finalmente será el criterio de rentabilidad social.
Aun así, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), añadió que los criterios anunciados “obvian los que ya se viene dando”.
“Se ha introducido un concepto que no se define con claridad y, a la vez, se desconoce el aporte que realiza el sector minero para el desarrollo económico del país”, comentó.
Con ello coincidió Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, señalando que, en la actualidad, “las empresas contribuyen de manera importante a nivel social y económico en su área de influencia”. “Las compañías ya realizan el cierre de brechas sociales”, comentó.
En esta línea, De la Flor indicó que las evidencias muestran que las regiones con alta presencia de inversiones mineras son las que muestran mejores indicadores en bienestar y empleabilidad, además de mejor desempeño escolar. Otro factor que mencionó es que las empresas mineras tienen políticas de empleo local “sumamente ambiciosas”.
“De hecho, en las firmas mineras hay un fuerte incentivo para reclutar trabajadores locales. Las empresas saben de las ventajas de la contratación local. No es cierto que no haya en la actualidad”, detalló.
Respecto al ámbito económico, De la Flor refirió que, a lo largo de la última década, se ha transferido a los gobiernos regionales y locales producto de canon y regalías “casi S/40,000 millones”, pero apenas se han ejecutado el 61% de dicho presupuesto.
“Tenemos un serio problema de déficit de oferta de servicios públicos, debido a falta de capacidad del Estado para gastar estos recursos”, puntualizó.
Por último, Shinno consideró que, a la espera de mayores luces sobre las métricas y variables que servirían para medir la rentabilidad social, se deben incluir a los proyectos a cargo del sector público.