La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, afirmó este sábado que la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia por el COVID-19, aprobada recientemente por el Congreso de la República, “es un subsidio encubierto a empresas de transporte”.
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“Esta ley de peajes en realidad es un subsidio encubierto a empresas de transporte, eso hay que decirlo claro”, indicó Alva en diálogo con RPP.
La titular del MEF indicó que la norma causará que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deba desembolsar hasta S/ 700 millones para cubrir el pago de servicios que las empresas a cargo de los peajes ya no efectuarán.
“Estas empresas brindan una serie de servicios en las vías. Brindan limpieza de vías, brindan servicio de grúas, brindan servicios de emergencia. Entonces lo que va a suceder es que existe la posibilidad de que las empresas dejen de proveer estos servicios”, explicó.
Alva aseguró también que una posible ruptura de los contratos de peaje significará que se anule el desarrollo de obras ya estipuladas en los acuerdos.
“En el marco de estos contratos, nosotros teníamos una cartera de obras por hacer y también hay un riesgo de que ante la ruptura de estos contratos ya no se hagan. Un tema muy específico por ejemplo es Evitamiento-Chimbote que estaba previsto para los ciudadanos que ahora se demoran más de una hora puedan hacerlo en 15 minutos”, ejemplificó.
La ministra advirtió que no se debe descartar la posibilidad de que el Estado sostenga audiencias frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciaidi) ante las denuncias de las empresas de peaje, quienes buscarán una indemnización que será pagada “por todos los peruanos”.
“Hay efectos muy concretos en los ciudadanos sin considerar todas las contingencias que vamos a tener en el Ciadi. No solamente hay posibilidades que nos denuncien, no solamente nos va a costar todos los procesos, los abogados. Vamos a tener que pagar indemnizaciones”, puntualizó.
Como se recuerda, el último jueves el pleno aprobó por insistencia la norma que había sido observada por el presidente Martín Vizcarra, advirtiendo las consecuencias que podría acarrear al Estado los posibles arbitrajes.
Esta norma fue aprobada el pasado 3 de abril y remitida tres días después a Palacio de Gobierno. El mandatario esperó hasta el último día del plazo legal de 15 días útiles para presentar la observación formal, el pasado 29 de abril.
