La Contraloría detectó deficiencias en la compra e instalación de plantas y concentradores de oxígeno. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)
La Contraloría detectó deficiencias en la compra e instalación de plantas y concentradores de oxígeno. (Foto: Britanie Arroyo / GEC)

La informó este viernes que de 21,400 situaciones de riesgos en el manejo de recursos públicos asignados a la gestión de la pandemia del en el Perú, en el 61% de estas (13,007) no se tomaron acciones correctivas por parte de las instituciones involucradas.

Durante el periodo que va del 15 de marzo de 2020 a la misma fecha del presente año, el Poder Ejecutivo habilitó recursos por más de S/ 124,000 millones para financiar diversas medidas monetarias y fiscales para enfrentar al coronavirus.

El titular de la Contraloría, Nelson Shack, señaló que pese a los cuantiosos recursos que se disponían para afrontar la Emergencia Sanitaria, el Estado no estuvo institucionalmente preparado ni supo reaccionar adecuadamente para asegurar los niveles mínimos de atención de salud en la pandemia por la COVID-19.

También mencionó que se evidenciaron dificultades para atenuar las graves consecuencias sociales y económicas, principalmente en el apoyo mínimo que requerían las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a las familias más vulnerables, las cuales fueron golpeadas económicamente.

El documento elaborado por la Contraloría señala que solo el 39% (8,393) de situaciones adversas detectadas en los informes de control simultáneo han sido resueltas o están en proceso de adoptarse acciones por parte de las entidades públicas para corregirlas. El monto de recursos públicos examinado en los informes de control simultáneo asciende a más de S/ 96,830 millones.

Algunos ejemplos de esas situaciones adversas son la demora en el funcionamiento y uso de Centros de Aislamiento Temporal para pacientes COVID-19, deficiencias en la compra e instalación de plantas y concentradores de oxígeno, problemas en la adquisición de pruebas moleculares y Equipos de Protección Personal (EPP), entre otros.

A esto se suma las dificultades detectadas en el proceso de vacunación contra la COVID-19 como la desactualización de los padrones de beneficiarios, pérdida de vacunas, vacunación irregular de personas, inadecuada gestión de residuos biomédicos, entre otros.

Durante el primer año del Estado de Emergencia por la COVID-19 en Perú se realizaron 114 informes de control posterior, de los cuales en 74 informes se plantearon observaciones o problemas en el manejo de recursos por S/ 68′763,797, de un monto examinado que ascendió a S/ 180′005,888.

Tenemos a 377 funcionarios de los tres niveles de gobierno involucrados en esas irregularidades detectadas en el control posterior”, precisó Shack.

VIDEO RECOMENDADO

Inés Melchor
Inés Melchor

TAGS RELACIONADOS