El Consejo Privado de Competitividad manifiesta su rechazo a la inmovilización social obligatoria decretada por el presidente Pedro Castillo para este martes 5 de abril. La organización considera que es una medida autoritaria por parte del Gobierno, ya que se vulneran las libertades de los peruanos.
“Desde el Consejo Privado de Competitividad manifestamos nuestro profundo rechazo a las medidas autoritarias del Gobierno que restringen las libertades de los ciudadanos”, señalaron en un comunicado.
En esa línea, hacen referencia a la Defensoría del Pueblo, para afirmar que la medida “carece de sustento constitucional y es desproporcionada ante la situación que se pretende atender”.
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En horas de la mañana la Defensoría del Pueblo, por medio de su representante Walter Gutiérrez, interpuso una demanda de habeas corpus contra el presidente Pedro Castillo y todo su gabinete ministerial.
En el pronunciamiento que hizo la entidad manifestaron que “la medida adoptada es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrados en Lima y Callao”.
Asimismo, que se vulnera el derecho fundamental a la libertad de tránsito y los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
En ese sentido, El Consejo Privado de Competitividad ratifica una incapacidad por parte del Ejecutivo para solucionar los distintos problemas en el país.
“Resulta preocupante que se continúe tomando medidas que no brinden bienestar a la población, atenten contra la estabilidad económica y confisquen el futuro de nuestro país. Exhortamos que no se apliquen medidas restrictivas a las libertades de los ciudadanos y se gobierne en favor del bienestar de todos los peruanos dentro del marco constitucional”, finaliza el documento.