El Consejo Fiscal (CF) se pronunció recientemente sobre la autógrafa que plantea un nuevo marco legal para las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), iniciativa que el Congreso ha dejado lista para la promulgación u observación del Ejecutivo. Según fuentes del sector, esta propuesta habría sido uno de los principales puntos de desacuerdo que motivaron la salida del exministro de Economía, José Salardi.
No obstante, voces que respaldan la reforma advierten que el análisis del CF no considera adecuadamente los costos que ha generado el marco legal vigente, aprobado en 2015, sobre la ejecución de proyectos. Señalan que dicha norma introdujo una tramitología excesiva que ha retrasado la inversión en infraestructura y debilitado el uso de las APP como herramienta de desarrollo.
Las fuentes sostuvieron que la norma vigente añadió pasos y actores que, en comparación con otros países de la región, han hecho que los proyectos “se hundan en una tramitología que demora hasta 12 años antes de ejecutarse”. Entre los ejemplos citó al Anillo Vial Periférico, colegios en riesgo y de alto rendimiento, hospitales de Piura y Chimbote, el Ferrocarril Huancayo–Huancavelica y la Longitudinal de la Sierra Tramo 4.
“Esto generó un embalse de proyectos. Sumado al efecto Lava Jato, las APP perdieron presencia, mientras crecían las brechas”, comentó. En ese contexto —añadió— los convenios de gobierno a gobierno (G2G) ganaron terreno, aunque con menos control, plazos indefinidos y mayores costos. “La vía expresa Santa Rosa, necesaria por su conexión con el aeropuerto, debió adjudicarse hace meses, pero su buena pro ha sido postergada seis meses sin sustento”, indicaron.
Uno de los entrevistados manifestó que la autógrafa busca “reposicionar las APP como un mecanismo ágil, eficiente y transparente para ejecutar proyectos sostenibles y con competencia entre operadores de nivel global”. También destacó que el portafolio APP asciende a US$70 mil millones, de los cuales cerca de US$12 mil millones se ejecutarían mediante adendas autofinanciadas, a cambio de extensiones razonables de concesiones “bien sustentadas y discutidas con el Estado”.
No implica gasto público
Otra fuente subrayó que el nuevo marco legal no implica mayor gasto público, ya que “el despliegue de proyectos se hará dentro de las capacidades fiscales del país y sin romper las reglas fiscales”. Actualmente, menos del 20% del presupuesto de inversión se canaliza vía APP, mientras que la obra pública tradicional y los G2G concentran más del 80%. “La idea es revertir esa proporción para acelerar el cierre de brechas con infraestructura de calidad”, indicó.
Por último, cuestionó la posición del Consejo Fiscal: “No tiene una mirada de desarrollo económico y ninguno de sus miembros ha gestionado un solo paso del procedimiento de APP vigente”. Además, observó que “el Consejo no ha dicho nada sobre el Gasoducto Sur ni sobre la refinería de Talara, proyectos que vieron la luz casi en simultáneo con la reforma del 2015 y que han generado importantes sobrecostos al país”.
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