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Confiep sobre Las Bambas: "No debería aprobarse la ley de amnistía por inconstitucional"

La presidenta del gremio empresarial , María Isabel León, señaló la responsabilidad del Gobierno en el conflicto de Las Bambas . Además, cuestionó que solo se ataque a la minería formal.

Las Bambas

Aún no se resuelve el conflicto de Las Bambas. (Foto: GEC)

Aún no se resuelve el conflicto de Las Bambas. (Foto: GEC)

Aún no se resuelve el conflicto de Las Bambas. (Foto: GEC)

Redacción PERÚ21
Redacción PERÚ21

El conflicto por el proyecto minero Las Bambas ha resultado en centenares de procesos judiciales contra habitantes de la zona, por lo cual el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, insiste en un pedido de amnistía. La Confiep no está de acuerdo, según anunció hoy la presidenta del gremio empresarial, María Isabel León.

"Una ley de amnistía significa perdonar actos criminales a personas que los han cometido. Creo que no debería aprobarse porque es inconstitucional", indicó la presidenta de la Confiep en entrevista con Canal N.

Para la líder gremial, este mecanismo no funciona como una estrategia correcta para resolver el conflicto. En cambio, dijo, alienta la impunidad.

"Estamos enviando un mal mensaje al resto de comunidades que van a pensar que para obtener lo que quieren pueden levantarse y luego obtener una ley de amnistía", acotó.

Sobre la raíz del conflicto, León encuentra responsabilidad en la administración del Gobierno.

"El Estado no puede aparecer después de 60 días de una interrupción de vías o conflictos", subrayó.

"En el caso de la vía de Yavi Yavi, queda más que claro que antes que se trasladara este terreno a la población de Fuerabamba, ya existía un derecho de usufructo de vía dentro de la propiedad, eso estaba inscrito en Sunarp", añadió.

También apuntó que los ataques de los comuneros y los abogados que los asesoran solo se dirigen a la minería formal, pero no abordan a la minería informal.

Por último, calificó a una eventual amnistía como una "ley con nombre propio". En ese sentido, León señaló que "si el Estado no obliga a los ciudadanos a cumplir el principio de legalidad, está fomentando la corrupción".

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