La aprobación de la ley para eliminar el régimen CAS en el Estado costaría 2,250 millones de soles anuales.
La aprobación de la ley para eliminar el régimen CAS en el Estado costaría 2,250 millones de soles anuales.

El dinero que administra el Estado es dinero producido y entregado por los contribuyentes, empresas o personas naturales, cuando realizan una actividad económica formal: trabajar, emprender, comprar o vender. Así, es correcto decir que el Estado y su burocracia no producen riqueza, solo la gastan. Esta verdad, que suena fácil de entender, es la causa de muchos problemas.

Al no ser su dinero, el funcionario o el político no suelen usarlo correctamente ni generan más valor con él.

Trabajar en un ministerio tramitando papeles y actividades burocráticas puede no ser “corrupto”, pero tampoco es valioso ni genera bienestar para el pueblo.

Guardar el dinero en las reservas del Banco de la Nación puede sonar bonito pero si no se usó para construir pistas, carreteras, canales de regadío, hospitales o colegios, es dinero malgastado.

Lo que garantiza que alguien cuide un bien o un recurso es o que sea suyo o que tenga los incentivos correctos (como en el , donde se premia con bonos o reconocimiento la calidad del gasto, la rendición de cuentas, etc.).

Pero en el Estado, no ocurre ni lo primero ni lo segundo. Pareciera que funcionarios y políticos prefieren ser los únicos en controlar la maraña burocrática y el dinero a su gusto. Quizás creen que la plata es solo de los ricos y cae del cielo; o quizás les basta ganar un sueldo de manera permanente pasando de una a otra entidad sin un propósito centrado en el bienestar de los ciudadanos.

Así, cuando el Congreso aprueba incorporar a todos los trabajadores bajo el régimen de , a los regímenes laborales estatales conocidos como “728” o “276”, no piensa si esto cuesta mucho dinero o si genera más caos y desorden en la burocracia.

La misma lógica irresponsable se da cuando nuestros parlamentarios aprueban que se legalice la actividad de a la que pertenecen los colectiveros. Sí, esos mismos que generan accidentes, invaden espacios públicos, rompen leyes de tránsito, y asaltan o violan a ciudadanos y ciudadanas. Ordenar el caos que provocará esta ley costará dinero, tiempo, paz y seguridad, que saldrá de la billetera del empresario o ciudadano formal.

Y aunque suene más técnico, cuando los congresistas insisten en trabar la implementación de antenas de telecomunicaciones, vuelven a decidir sin interesarse por el crecimiento económico de la gente, que hoy más que nunca necesita conectarse con una buena señal de Internet y telefonía para poder hacer negocios, aprender, o comunicarse con sus seres queridos.

Venezuela, Argentina y (ojalá nunca) Perú

Cuando algún analista o líder político dice que Perú podría convertirse en Venezuela, muchos reclaman que esa comparación sirve para “meter miedo” a la población o para desprestigiar la “preocupación social” de los partidos de izquierda. Aducen que ese tipo de argumentos “apocalípticos” vienen de la derecha o los empresarios millonarios que no quieren que les toquen su dinero.

Lo cierto es que, reclamos y desconfianzas aparte, la realidad nos dice que ningún país del mundo quisiera ser como Venezuela, y cada vez menos quisieran ser como Argentina.

Empecemos con la inflación. Venezuela se encuentra inmersa en una situación de hiperinflación (inflación descontrolada) que será muy difícil de cambiar. Si algún día se da un cambio real en Venezuela, será necesario devaluar su moneda o dolarizar su economía, como en el caso ecuatoriano. Venezuela ya es un país más parecido a Cuba en los años setenta, 13 años después de que Fidel tomara el poder y poco a poco fuera estatizando o desapareciendo al sector privado de cada sector de la economía.

En cuanto a niveles de informalidad, de Venezuela no tenemos datos, pero, aunque Argentina no está tan grave como nosotros (Argentina 42% y Perú 70%) en cuanto a la tasa de desempleo, nos viene superando y la cosa se pone cada día más fea. El país gaucho pierde capital privado cada día que pasa. Y es que ese es el problema cuando el Estado desea ser el único actor en la economía. El más perjudicado es el pobre, el pequeño comerciante o el trabajador humilde.

Tanto en Venezuela como en Argentina prima un modelo económico muy similar al que quiere instaurar aquí Verónika Mendoza y otros partidos políticos de corte populista. Pensemos bien antes de elegir a nuestros gobernantes y sobre todo construyamos sobre lo avanzado, sin destruir todo lo bueno que hemos conseguido.