La comisión de especialistas encargada de unificar las normas vigentes sobre el empleo en el país, presentó hoy el informe técnico del proyecto de Ley General del Trabajo ante el titular del sector, . El documento contiene más de 400 artículos sobre todas las leyes en materia laboral, que incluye aspectos como despidos, beneficios, libertad sindical, entre otros.

El exministro de Trabajo Carlos Blancas, presidente de la comisión que trabajó en el tema durante 75 días hábiles, destacó que es la primera iniciativa que sintetiza toda legislación laboral en nuestro país. En ese sentido, dijo esperar que el Congreso la apruebe, pues en la mayoría de países de la región ya existen normas similares hace muchos años.

Blancas destacó que, entre las principales modificaciones, se cambió el tope de indemnización por despido arbitrario de 12 a 18 sueldos, aunque mantuvo la regla de pagar un sueldo y medio por año trabajado. Además, los dirigentes sindicales no podrán ser despedidos a menos que lo ordene un juez, para evitar los abusos de las empresas ante el derecho de libre agrupación.

"Los beneficios laborales como Compensación por tiempo de Servicios (CTS), vacaciones y demás están recogidos en la ley pero tomando los parámetros de la ley actual, con los mismos montos. El tema de los trabajadores en el régimen no se legisla en este proyecto porque pertenece al sector público", señaló.

PICE CELERIDADPor su parte, el ministro Villena anunció que el informe será presentado al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo () y que posteriormente será enviado al Consejo de Ministros y al presidente , que luego lo derivará al Congreso de la República.

"Solo queda expresar mi deseo de que las instancias involucradas en la discusión o debate de este proyecto de ley no demoren su aprobación, ya que es una norma obligatoria y necesaria para fijar reglas claras en materia laboral", concluyó el funcionario.

DEMORARÍA HASTA DOS AÑOSPor otro lado el presidente de la comisión de Trabajo del Congreso, Julio Gagó, dijo que, debido a los formalismos, la aprobación de este proyecto podría tardar cerca de dos años. Uno de los temas más complejos sería que el Estado no sabe a cuántos trabajadores tiene actualmente en el régimen CAS ni a cuántos necesita bajo esta modalidad.