La autoridad para la protección de los derechos de los consumidores en Colombia anunció el miércoles una nueva investigación contra la aplicación de entregas Rappi por el presunto incumplimiento de una orden previa para acatar normas de comercio electrónico que podría ocasionar millonarias multas.
La Superintendencia de Industria y Comercio dijo que tomó la decisión por el posible incumplimiento de cinco requerimientos exigidos a la colombiana Rappi a finales de agosto.
“No tener un canal de PQR (peticiones, quejas y reclamos) para sus consumidores, el hecho de que aún generan una confusión en los términos y condiciones respecto de la solidaridad que existe entre ellos y los comercios por medio de los cuales obtienen los productos que venden”, dijo a periodistas el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto.
“El hecho de que aún el precio final para el consumidor es desconocido y puede variar, el hecho también de que no están dándole total atención a las reclamaciones que se están presentando y en ese sentido nos llama la atención de que no estén cumpliendo con esas recomendaciones de esta superintendencia”, explicó el funcionario.
Rappi se autodefine como una aplicación de entrega multipropósito, a través de la que es posible comprar cualquier tipo de productos de diferentes categorías, desde restaurantes, supermercados y bebidas hasta realizar transferencias e incluso pagos en establecimientos.
Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la aplicación supera el alcance de solo ser un portal de contacto, sino que hace parte de la cadena de comercialización.
De inmediato no fue posible obtener ningún pronunciamiento de Rappi, que según la Superintendencia podría recibir multas sucesivas de hasta 1,000 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a unos US$ 245,000 cada una.