Proyecto. No tiene ramales que lleguen a Cusco, Arequipa ni Puno. (Difusión)
Proyecto. No tiene ramales que lleguen a Cusco, Arequipa ni Puno. (Difusión)

Redacción PERÚ21

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La segunda vicepresidenta y congresista, , señaló que el gobierno no retirará la cláusula anticorrupción que se encuentra en el contrato del proyecto

Esto ante la solicitud de que se elimine esa cláusula por parte del consorcio Sempra-Techint, el cual había mostrado interés en adquirir el 55% de acciones que tiene Odebrecht en el GSP.

"Esto se está viendo en función de los beneficios de nuestro país, y un país como el nuestro nunca podrá aceptar retirar esa cláusula anticorrupción", dijo Aráoz en entrevista con RPP.

Además, indicó que el proyecto genera un alto costo a la sociedad, debido a que los peruanos lo financian a través de las tarifas eléctricas y no reciben nada a cambio.

Por esas razones, concluyó que el gobierno prefiere empezar de nuevo y hará una licitación en enero, mes en el que termina la concesión.

Lo que pagamos

El economista Manuel Romero Caro explicó que es natural que el consorcio haya solicitado la anulación de la cláusula anticorrupción, dado que, al adquirir las acciones de Odebrecht, se le podría adjudicar las consecuencias de los actos de corrupción que dicha empresa haya tenido en el proyecto en años anteriores.

En cuanto al pago que hacen los consumidores de electricidad destinado al GSP, el economista reveló que hay una anualidad que se paga durante toda la etapa de la concesión de aproximadamente US$912 millones.

En la etapa preoperativa se pagarán US$912 millones divididos en 5% en 2015, 25% en 2016, 25% en 2017 y 45% en 2018%. Mientras tanto, en la etapa operativa, los usuarios eléctricos pagarían anualmente US$912 millones por 30 años, haya o no haya reservas o haya o no haya demanda.

De esta manera, explicó que si el Gasoducto logra vender el 50% o 20% de esos US$912 millones, lo restante sería cubierto a través de las tarifas eléctricas.

Con la nueva licitación, uno de los objetivos del gobierno es que ese compromiso financiero no sea transferido a los peruanos, según lo señalado por Aráoz y también por el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne.

Ante este panorama, Romero recordó que, en menos de diez días, el gobierno tuvo un cambio de discurso con respecto al tema, pero que al parecer pone en una mejor situación al Perú. Sin embargo, señaló que deberían explicar algunos temas pendientes, como el del financiamiento.

Sabía que…

  • El proyecto GSP tiene un costo total de servicio de aproximadamente US$7,328 millones.
  • Mercedes Aráoz reveló que el gobierno ya ha conversado con entidades interesadas en financiar el proyecto.

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