Wilson Quispe, de Perú Libre, expuso la insistencia de la ley a favor del personal CAS-COVID. (Foto: Congreso)
Wilson Quispe, de Perú Libre, expuso la insistencia de la ley a favor del personal CAS-COVID. (Foto: Congreso)

El pleno del , en su primera sesión extraordinaria de la legislatura 2022-2023, aprobó por insistencia una ley que había sido observada por el Gobierno para permitir por única vez el traspaso del personal CAS-COVID a contratos CAS en el caso de personal asistencial del .

Con una votación de 105 legisladores a favor, dos en contra y cero abstenciones, fue aprobada en primera votación y exonerada de segunda la autógrafa de ley que previamente fue exonerada del debate en la Comisión de Presupuesto.

La norma había sido aprobada durante la sesión del 30 de junio pero fue observada por el presidente de la República, Pedro Castillo, el 27 de julio.

La norma es aplicable al personal asistencial y administrativo con contrato CAS-COVID, que labora en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos, gobiernos regionales, sanidades de las Fuerzas Armadas, sanidad de la Policía Nacional del Perú y el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Durante el debate de este sábado, el encargado de plantear la insistencia fue el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Wilson Quispe Mamani (Perú Libre), quien resaltó que todavía hay zonas que requieren el trabajo de manera extraordinaria de personal del sector Salud.

Por esto señaló que es necesario asegurar la provisión de la prestación de servicios del personal contratado por el Decreto Legislativos 1057, agregando que “sería injusto e innecesario sacarlos del servicio público para que concursen con otros que tal vez no ayudaron a superar la pandemia, sobre todo cuando ya tienen más de dos años desempeñando dicha función y existe, a la vez, la necesidad de (contar con) profesionales (como ellos)”.

Adicionalmente, y luego de un acuerdo de la Junta de Portavoces para incluirlo en la agenda del pleno, se aprobó una ley para otorgar créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por la Covid-19, la reactivación económica y otros gastos de las entidades de los gobiernos regionales, locales y dictar además otras medidas.

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