“De no aprobarse esta medida de urgencia, el Gobierno será responsable directo de la quiebra de aproximadamente 25,000 empresas de servicios turísticos con el consecuente desempleo adicional de cerca de 250,000 peruanos afectados desde ya en su economía familiar”, advierte el gremio. (Foto: Andina)
“De no aprobarse esta medida de urgencia, el Gobierno será responsable directo de la quiebra de aproximadamente 25,000 empresas de servicios turísticos con el consecuente desempleo adicional de cerca de 250,000 peruanos afectados desde ya en su economía familiar”, advierte el gremio. (Foto: Andina)

Las empresas del advierten que alrededor de 25,000 empresas podrían quebrar si el Gobierno no extiende el plazo para el pago de los préstamos otorgados a través del programa .

A través de un comunicado, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) pide al Poder Ejecutivo aprobar una ampliación de 24 meses para el pago de los créditos entregados con garantía estatal.

“De no aprobarse esta medida de urgencia, el Gobierno será responsable directo de la quiebra de aproximadamente 25,000 empresas de servicios turísticos con el consecuente desempleo adicional de cerca de 250,000 peruanos afectados desde ya en su economía familiar”, advierte el gremio.

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En ese sentido, Canatur recordó que el pasado 9 de abril el Ejecutivo declaró en emergencia al sector hasta el 31 de diciembre de 2022, debido a los efectos generados por la COVID-19. Sin embargo, aún no se han anunciado las medidas que se tomarán.

La Cámara señala que a pesar de las gestiones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), tanto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) se niegan a aprobar esta extensión del plazo de gracia. Esto también fue comentado por la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).

“Los funcionarios del MEF y BCR expresan que el sector turismo casi que no es necesario y no se nota un esfuerzo por parte de ellos en ayudarnos, eso nos preocupa”, dijo Enrique Quiñones, presidente de la Apotur.

Quiñones indica que la declaratoria de emergencia a la actividad turística es un acto de buena voluntad, pero no reúne acciones específicas como el tema de la capacidad financiera y el tema de Reactiva es uno de los puntos principales de este salvataje.

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“Sobre el tema de Reactiva, muchos hoteles, restaurantes, agencias de viajes y tour operadores aplicaron a este programa y tratando con el Mincetur se llegó a la conclusión que se tiene que efectuar una reprogramación, teniendo en cuenta que la capacidad financiera de las empresas es bien reducida”, sostuvo.

Agregó que actualmente un gran número de empresas de turismo no están en condiciones económicas para efectuar los pagos, pues solo se ha llegado al 25% de lo que se tenía en el mismo periodo del 2019.

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