La verdadera presión fiscal (impuestos y retenciones) para los trabajadores formales, según la Asociación de Contribuyentes del Perú, está muy lejos del 14.2% del que habitualmente habla el Gobierno. La realidad del trabajador formal es distinta. De hecho, del 100% de sus ingresos, el 38% es retenido de alguna u otra forma por el Estado, debido al pago de costos burocráticos, redistribuir ingresos a otros ciudadanos, o pagar servicios no elegidos/no utilizados.
Esto significa que apenas el 62% de sus ingresos es de libre disposición. Visto en días del año, puede afirmarse que la libertad del contribuyente para disponer de su dinero recién empezó el 18 de mayo de 2020. Según este análisis, el trabajador formal promedio gana S/4,852 al mes, paga 9% en Impuesto a la Renta, 12% entre IGV e ISC, 1.2% en predios y arbitrios, y 0.2% en inflación, lo que da una presión fiscal total de 21.8%.
Sin embargo, consideramos adicionalmente los aportes a Essalud y al sistema previsional, debido a que se trata de servicios que no hemos elegido o no usamos. Muchos trabajadores aportan a Essalud pero tienen que adquirir un seguro privado, y existen muchos aportantes a la ONP que no llegan a los 20 años y no tienen derecho a una pensión de vejez. Con esto, se alcanza un 15.8% más de ingresos restringidos.
Si en época de pandemia los ingresos se restringen, el toque de queda no permite que ciertos negocios florezcan e incluso el domingo no es un día completamente activo económicamente, ¿no debería el Estado, más bien, pensar en reducir la carga tributaria en los contribuyentes formales? Además, ¿de qué forma le devuelve el Estado al contribuyente lo que este aporta?
Para Contribuyentes, las políticas públicas tienen que estar enfocadas en liberar a este pequeño grupo de contribuyentes, con el objetivo de estimular la formalidad de la economía.
La dura realidad: solo 479 mil trabajadores calzan en la definición de contribuyente formal que soporta el costo del Estado y su burocracia, lo cual representa apenas 2.6% de la población económicamente activa. El 72% de estos trabajadores labora en grandes empresas, el 16% en medianas, 8% en pequeñas y el 4% restante en microempresas. Es la gran empresa, aunque la percepción general sea distinta, la que aporta la mayor cantidad de contribuyentes al sistema. Son solo unos pocos los que soportan la gran carga del Estado peruano.
Este Parlamento produjo 1,618 proyectos de ley en siete meses. Y aunque el Congreso disuelto produjo 4,386, lo hizo en 38 meses.
Sin embargo, esta mayor producción no califica necesariamente como algo positivo. Muchas iniciativas no atienden los problemas de la población. La Comisión de Defensa del Consumidor se enfocó en controlar el precio de los medicamentos pero no en resolver el principal pendiente del sector: crear una nueva legislación para el personal de salud con incentivos a los mejores y desincentivos a quienes no cumplen con su trabajo.
El actual Parlamento también aprobó la suspensión del cobro de peajes, medida inconstitucional, dejando de lado la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado para acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura con transparencia y menos corrupción.
La Digemid publicó un proyecto de Manual para que la ciudadanía participe en la elaboración del Petitorio Nacional de Medicamentos (PNUME). El documento recibirá opiniones durante 15 días calendario.
Contribuyentes del Perú ha notado que el documento no determina qué hará la entidad con las opiniones de la ciudadanía. Estas podrían caer en la misma oscuridad en la que se ha venido trabajando y que dicho Manual busca reducir. Tampoco considera la opinión del sector privado. Si lo que se quería evitar era “el lobby” de los laboratorios, su participación debía incluirse.