Sucedió lo inevitable. La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó la calificación de Petroperú, tal como lo adelantó Perú21.
Fitch rebajó las notas senior no garantizadas de deuda de la petrolera de BBB a BBB- y también hizo lo propio con las notas Issuer Default Ratings (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y local. “Las IDR y las notas han sido ubicadas en una observación negativa (RWN por sus siglas en inglés), precisó Fitch.
La agencia agregó “las revisiones y RWN reflejan la falta de transparencia financiera y debilitada gobernanza de la empresa, como lo ha evidenciado el retraso significativo de la auditoría financiera de cierre de 2021 de la compañía″.
“Como resultado Fitch redujo el puntaje de gobernanza ESG para transparencia financiera de 5 a 3 y revisó el perfil crediticio independiente (SCP) de ‘b-’ a ‘ccc’”, destacó la agencia.
En el reporte de Fitch también se mencionó que Petroperú presenta un perfil de apalancamiento y flujo de efectivo “que continúan siendo débiles” y que se espera que se mantenga de esa forma durante el horizonte de la calificación.
“Fitch entiende que esto constituye un evento de default en ausencia de una exención. Si la compañía no logra proporcionar estados financieros auditados y/o no recibe una exención las calificaciones se desvincularán incluso más de la calificación soberana y serán rebajadas aun más”, advirtió Fitch.
Es decir, la empresa está en riesgo de perder su grado de inversión y de tener que responder ante acreedores y bonistas. En el primer caso, se trata de un grupo de bancos, acreedores de un crédito sindicado de US$1,300 millones, obtenido por la petrolera en 2018 y que cuenta con un aval de la agencia española de créditos a la exportación Cesce. El pago de dicha suma, en caso de default, tendría que ser honrado por esta última.
En lo que se refiere a los bonistas, la situación podría ser más comprometedora para Petroperú, pues si se gatillara un ‘cross default’, los mismos bonistas podrían reclamar inmediatamente que la petrolera acelere el pago de una deuda de US$3,000 millones más intereses, correspondiente a bonos emitidos en 2017 y 2021.