Hay 2,808 entidades que retuvieron aportes de trabajadores y no lo depositaron

A mayo de este año, un total de 2,808 entidades estatales a nivel de gobierno nacional, regional y local retuvieron los aportes de 432,996 trabajadores y no los depositaron en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC), reveló la Asociación de AFP (AAPF).

La deuda total asciende a S/14,657 millones, si se incluyesen los factores de actualización que establece la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): intereses, moras y multas.

Cabe precisar que la Contraloría General de la República y la AAFP suscribieron un convenio de colaboración interinstitucional que permitirá al organismo de control fiscalizar a las entidades del Estado que retienen el aporte de sus trabajadores y no lo depositan en sus Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

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Con este acuerdo, se busca evitar la generación de nuevas deudas previsionales y propiciar que las entidades que se han acogido a los tres regímenes de reprogramación de pago (Repro AFP) cumplan con las cuotas pactadas.

Al acogerse al Repro AFP, la deuda a pagar se reduciría a S/ 1870 millones, pues incluye únicamente el aporte retenido al afiliado y la rentabilidad que se habría generado si este hubiese sido depositado oportunamente en su CIC, con el fin de proteger al trabajador.

El contralor general Nelson Shack adelantó que, a partir de la suscripción de este convenio, la Contraloría General programará próximamente un operativo de control, a nivel nacional, para verificar la situación actual de los aportes de los trabajadores a las AFP que se encuentran impagos. Recordó que el año 2023, la Contraloría realizó de forma oficiosa diversas acciones de control en las que se identificó esta situación en perjuicio de los trabajadores.

Por su parte, Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, resaltó que “la Contraloría contará con información en tiempo real para fiscalizar a los deudores y también para evitar que se creen nuevas deudas previsionales que afecten los ahorros para la jubilación de los trabajadores del sector público”.

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