Para el economista Marcel Ramírez, quienes retiren sus fondos previsionales, "tendrían mayores dificultades para volver a acumular fondos suficientes para obtener una pensión adecuada". (Foto: GEC)
Para el economista Marcel Ramírez, quienes retiren sus fondos previsionales, "tendrían mayores dificultades para volver a acumular fondos suficientes para obtener una pensión adecuada". (Foto: GEC)

Para mitigar el impacto negativo del COVID-19 en la economía de miles de familias, el Ejecutivo y el Legislativo autorizaron el retiro anticipado, de manera voluntaria, de una parte de los recursos de las cuentas individuales de los fondos de pensiones de los afiliados al

Desde la entrada en vigencia de estas normas, en abril último, hasta el 30 de octubre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha contabilizado el retiro de S/5.044,9 millones por los decretos de urgencia No. 034-2020 y No. 038-2020, y de S/19.291,1 millones por la Ley No. 31017.

Y aunque mucho se ha dicho acerca del impacto negativo que ejercerá el retiro temprano y parcial de los fondos de pensiones en la economía, ¿qué pasará con los afiliados?, ¿quiénes podrían resultar más afectados?

Según el economista Marcel Ramírez, el efecto en las pensiones del retiro temprano de los fondos de pensiones “es mucho más elevado para el grupo etario de 30 a 50 años porque debido a los retiros realizados perderán, en valor presente, hasta el 60% de sus fondos previsionales”.

De acuerdo con cifras oficiales, el 61% de los afiliados al SPP se encuentra entre los 30 y 50 años y son ellos quienes, precisamente, “tendrían mayores dificultades para volver a acumular fondos suficientes para obtener una pensión adecuada”.

EFECTO A LARGO PLAZO

El también docente de la Universidad del Pacífico (UP) explica que a diferencia de la medida que autorizaba el retiro del 95% de los fondos previsionales, que se concentró en afiliados cercanos a la edad de jubilación; en el caso de los retiros autorizados durante el 2020, la mayoría de los afiliados que retiraron sus fondos son menores de 50 años, y “el retiro a edades muy tempranas tiene implicancias más severas de largo plazo para el bienestar de los afiliados, dada la menor posibilidad de capitalizar su fondo de pensiones”.

Según estimaciones de la SBS, por cada S/1.000 que un afiliado retire a los 30 años, perdería un monto equivalente de S/4.516 a los 65 años.

Solo en el caso particular de la Ley No. 31068, aprobada el 18 de noviembre último, que faculta a los afiliados de las AFP que no han aportado en los últimos 12 meses a retirar el 100% de sus aportes con un límite de hasta cuatro UIT (S/17.200), la demanda potencial de retiros correspondiente a los afiliados entre 30 y 50 años podría ascender –según cálculos de Ramírez– hasta S/11.000 millones.

Dicha cifra correspondería a 1,96 millones de afiliados que podrían calificar a la medida pero, de ese total, alrededor de 1,6 millones podría quedarse sin fondo de pensiones. “Estos afiliados enfrentan un riesgo elevado de caer en situación de pobreza en su etapa de vejez, además de perder el acceso a las coberturas de EsSalud”, añade.

Una situación que tendería agravarse si se toma en cuenta que la Ley No. 31068 también permite, de manera excepcional, el retiro de una UIT a aquellos afiliados que no han registrado aportes en el mes de octubre, con lo que “el retiro de los fondos asociados a dicha ley podría alcanzar los S/14.000 millones”.

Para contrarrestar los efectos negativos del retiro temprano de los fondos previsionales, Marcel Ramírez sugiere que el Banco Central de Reserva (BCR) haga uso de los repos (operaciones de venta de un activo financiero con un compromiso o pacto posterior de recompra) para evitar que las AFP tengan que liquidar posiciones.

“Las calificadoras de crédito ya han advertido de la menor confianza que se podría generar por mayores retiros de fondos de AFP, como una menor demanda local de bonos soberanos así como por parte de inversionistas no residentes, reduciéndose su precio, lo que conllevaría a un mayor costo de financiamiento para emitir nueva deuda, dificultando el proceso de consolidación fiscal de los próximos años”, concluye.

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