La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), solicitó a la Contraloría General de la República que investigue el caso de la compra de medicamentos con fallas de calidad a los no domiciliados del exterior. Además, conocer por qué la Digemid dejó pasar ocho meses desde que se advirtió que los análisis arrojaron que los productos no eran conformes, permitiendo así que fueran distribuidos a nivel nacional.
“No es cierto que las adquisiciones a empresas no domiciliadas fueron hechas porque Cenares (Minsa) no pudiera realizar las compras a empresas formales por falta de oferta en el mercado local. Había de sobra oferta nacional y extranjera formal. Basta dar una mirada en la web a los productos con registro sanitario vigente al momento de la compra, algo fácil de corroborar”, expresó José Enrique Silva, presidente de Adifan.
“De la lista difundida por un medio de comunicación, solo uno de los medicamentos no tiene oferta local, peor aún en esos procesos de compra no permiten presentarse a los nacionales”, agregó.
Según pudo conocer la asociación, el Estado habría comprado a estos no domiciliados, que no tienen ni RUC ni pagan impuestos en Perú, con grandes ventajas sobre el proveedor local formal, y con advertencias de fallas de calidad que los hacen no aptos para su administración en humanos.
En ese sentido, el presidente de Adifan deploró que el propio Estado juegue en contra del proveedor formal, nacional o extranjero, y que “con argumentos falsos se armen excusas “legales” para comprarle a los no domiciliados”.
Según la asociación, las operaciones con los no domiciliados tienen las siguientes características:
- No permiten intervención de los nacionales formales.
- El Estado les paga en dólares, mientras al nacional en soles.
- El Estado les paga los controles de calidad y registros sanitarios, mientras que el nacional los asume totalmente los costos.
- No paga impuestos en el Perú, mientras que el nacional sí.
- No tiene químico farmacéutico, responsable técnico ni gerente general que asuma civil o penalmente frente a daños en caso de medicamentos de mala calidad, ya que no cuentan con domicilio o responsable en el país.