Nuestro país, representado por la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, suscribió en setiembre del 2018 el Acuerdo de Escazú, junto con otros 21 países de América Latina y el Caribe. Este tratado tiene el objetivo de regular el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
Ahora se busca que este Acuerdo sea ratificado por 11 países para que entre en vigencia. Hasta el momento son nueve quienes firmaron a favor. Perú aún viene evaluando el tema. Por ahora, la decisión pasa por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y luego pasará al Pleno.
En Perú se viene dando un debate al respecto. Los gremios empresariales se han mostrado en contra de la ratificación, mientras que el canciller Mario López manifestó su deseo de que el diálogo continúe y pidió al Congreso que aún no lo apruebe.
La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) tiene una posición clara de que el Perú no se acoja a este tratado. En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gilmer Trujillo, indica que el convenio: “presenta la introducción de una disposición específica relativa a la tutela de los defensores ambientales, la prohibición de reservas y la consagración de ciertos principios relevantes como el de no regresión”.
Argumentaron, asimismo, que el acuerdo contiene términos jurídicos imprecisos y amplios que se traducen en un lenguaje vago y ambiguo. Por otro lado, critican la falta de criterios orientadores para la implementación y aplicación de principios jurídicos. Y señalan que se presentan algunas contradicciones legales con acuerdos comerciales que el Perú ha suscrito con diferentes países.
En el documento añaden que la OCDE ha indicado que el Perú ha realizado un progreso significativo en términos de legislación y gobernanza ambientales, por lo que valoran que no sería conveniente aprobar el Acuerdo de Escazú.
AmCham Perú concluye enumerando una serie de razones, como “la conexión entre los temas ambientales y derechos humanos, ser un instrumento vinculante sujeto a mecanismos de solución de controversias internacionales y la imprecisión de los compromisos asumidos”, entre otras.
En esa línea, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, señaló que Escazú “aborda derechos y obligaciones que ya han sido abordados en la normativa nacional ambiental, pero además en la normatividad ambiental de diferentes sectores productivos que ya tienen esta legislación”.
Añadió que su aprobación implicaría hacer aún más engorrosa la normatividad ambiental de lo que ya es. Además de que iría contra la tendencia de nuestro país de la simplificación administrativa, promovida por el mismo Estado.
Como ejemplo, Márquez acotó que la resolución ministerial No. 159-2019-JUS contempla la protección de las personas protectoras de derechos humanos, al igual que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
“Considero que ya existiendo esta norma nacional que aborda el tema, se hace necesario hacerla más visible y trabajarla a nivel de los ministerios competentes para que pueda conocerse y ayudar a gestionar casos. Pero con Escazú van a repetir lo que ya tenemos”, refirió.
El titular del SNI dijo que se necesita reconocer los acuerdos, derechos y obligaciones que tenemos en la normativa nacional ambiental. “Sí hay un control efectivo del medio ambiente en el Perú. Entonces, tenemos que seguir por la misma dirección. Pero, que vengan de otro país o de una ONG a intervenir en algo que el Perú ya está haciendo, me parece demasiado”.
El internacionalista Ramiro Escobar también se refirió al tema e hizo hincapié que el Acuerdo de Escazú, en términos concretos, busca que la ciudadanía, empresas, sociedad civil y el Estado tengan más acceso a todos los asuntos de materia ambiental.
“Hay otro asunto que es muy grave. Latinoamérica en general, pero sobre todo en Perú, Colombia y Brasil han agredido a muchos líderes ambientales y hay mucha impunidad. Este acuerdo permitiría que tengan mayor protección”, añadió.
Para Escobar, los que están en contra del tratado agitan un fantasma que no existe. Indicó que está de acuerdo con el canciller para seguir impulsando el diálogo. Pero un diálogo informado, no sobre la base de prejuicios, por ambos lados. En ese sentido, pidió a los empresarios sumarse al debate, y no ver el acuerdo como una amenaza.
“La inversión es necesaria para el país, pero los parámetros ambientales deben estar ahí. El asunto ambiental es muy serio”, manifestó. Y añadió que las empresas deberían ver esto con otros ojos, ya que este acuerdo podría facilitar que el ordenamiento ambiental sea más consensuado.