Redacción PERÚ21

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La Junta de Acreedores de Doe Run, cuyas operaciones están paralizadas hace casi tres años por incumplimiento de su plan ambiental en medio de millonarias deudas, rechazó hoy el y anunció que se buscará otro operador para el complejo metalúrgico de La Oroya, el mayor del país.

Tras la reunión de los acreedores que se realizó en La Molina, Rosario Patiño, representante legal del Ministerio de Energía y Minas, explicó que la liquidación de la firma no implica el cierre del complejo ni que los casi 3,500 trabajadores de Doe Run pierdan su trabajo.

"Lo primero que se votó fue el plan de reestructuración, pero tenía muchas condicionantes imposibles de aceptar por el Estado. Por el tema ambiental estaban pidiendo un plazo y solicitaban que se le aceptara aunque no se le apliquen los limites máximos permisibles. Esto más el condicionante respecto de su matriz, a la indemnización y a las demandas de responsabilidad, hacían el plan inviable", explicó.

Agregó que se optó por la "liquidación en marcha", proceso que dura seis meses con posibilidad de prolongarlo otros seis meses. "Esto permite que se siga operando y, en su momento, evaluar si hay una posibilidad de reestructurarse nuevamente", anotó.