POR ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTES
El Congreso peruano ha demorado como nunca la aprobación del Presupuesto Anual de Gastos 2025, un documento que, más allá del retraso, refleja un preocupante desbalance en las prioridades fiscales del país. Con un monto total de S/251,801 millones, un 4.5% más que en 2024, este presupuesto confirma una tendencia alarmante: el incremento desproporcionado del gasto corriente, en detrimento de la inversión en infraestructura y servicios públicos clave.
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Desde enero, los servidores públicos recibirán S/100 adicionales mensuales, sumados a bonos excepcionales que alcanzan hasta S/1,000 para ciertos sectores. Estas medidas no parecen fundamentarse en un análisis técnico que relacione el gasto con mejoras tangibles en la calidad de los servicios públicos.
La evolución del presupuesto entre 2023 y 2025 pone en evidencia una priorización desbalanceada del gasto corriente, que sigue aumentando en todos los niveles de gobierno. El gobierno nacional incrementará este rubro en 10.5%, mientras que los gobiernos regionales, aunque presentan un crecimiento menor del 1%, vienen de un alza significativa del 29 % en 2024.
Este tipo de gasto representa, en promedio, 62% del presupuesto total en los últimos años, lo que evidencia una estructura rígida que sigue creciendo y orientada a mantener el funcionamiento del aparato estatal más que a su modernización.
Por otro lado, el gasto de capital, crucial para obras de infraestructura, servicios públicos y proyectos que impulsen el crecimiento, crecerá apenas un 3.2% para 2025, representando solo 30% del presupuesto. Este ritmo de crecimiento es insuficiente en un contexto en el que el país necesita inversiones significativas para cerrar brechas sociales, mejorar la competitividad y dinamizar la economía.
Esta brecha entre el crecimiento del gasto corriente y el de capital plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del uso de los recursos públicos. El incremento del gasto corriente no solo limita los recursos disponibles para obras que beneficien a la población, sino que también refuerza una estructura burocrática que dificulta la ejecución de proyectos de inversión. Prácticamente, estamos pagando más burocracia estatal que no está resolviendo problemas ni agilizando la ejecución eficiente de obras.
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