Un grupo de historiadores, académicos y ciudadanos ha dirigido una carta abierta a la Jefa Institucional del Archivo General de la Nación (AGN), Olinda Graciela Rengifo García, alertando sobre el peligro que representa el desalojo de su sede en el Palacio de Justicia, ordenado desde el 31 de enero de 2025. La misiva se titula Archivo general de la Nación en crisis.
La orden de desalojo establece que se deben tomar «todas las garantías para el traslado de la documentación sensible que custodia el AGN», pero los firmantes denuncian que la gestión actual pretende fragmentar y distribuir las colecciones en hasta ocho sedes, lo que pone en riesgo su conservación, acceso y seguridad.
«El propio AGN reconoce que el MINCUL (Ministerio de Cultura), no cumple con condiciones para garantizar la conservación y seguridad de sus documentos. A ello se suma la falta de inventarios adecuados y de pólizas de seguro que garanticen la integridad del patrimonio durante el traslado», señala el documento.
Los documentos afectados incluyen piezas clave para la historia y derechos ciudadanos, como libros migratorios, minutas notariales, testamentos y autógrafas de ley. A esto se suma la falta de inventarios adecuados y pólizas de seguro, lo que incrementa el riesgo de deterioro, pérdida o alteración del patrimonio documental.
«Su gestión pretende desmembrar el patrimonio documental del AGN, convirtiéndolo en inoperativo, poniendo en riesgo su conservación y el acceso de la ciudadanía a su consulta», indican los firmantes.
Los firmantes critican que el traslado se esté realizando sin un plan integral de funcionamiento del AGN, lo que obligaría a movilizaciones constantes de documentos entre las ocho sedes, sin garantías de protección. Además, advierten que esta medida no contribuye a la construcción de una sede definitiva, una demanda que la ciudadanía mantiene desde hace años.
Ante esta situación, el grupo de firmantes insta a la Jefa Institucional del AGN a detener la fragmentación del archivo y a buscar soluciones que garanticen su operatividad y conservación a largo plazo.
La carta cuenta con el respaldo de más de 600 firmas, entre ellas reconocidos historiadores, investigadores y periodistas como Magally Alegre Henderson, Hans Cuadros Sánchez, Joseph Dager Alva, Cecilia Méndez Gastelumendi, Natalia Sobrevilla Perea, César Gutiérrez Muñoz, Jorge Ortiz Sotelo, Luisa Vetter Parodi, Margarita Guerra Martinière, José de la Puente Brunke, entre otros.
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