En las últimas décadas, el Perú ha puesto en práctica métodos alternativos al Poder Judicial para solucionar conflictos. Entre aquellos se encuentran las controversias que surgen de la ejecución de obras estatales. Luis Bustamante Belaunde, presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, indica que, además del arbitraje, hay un mecanismo de solución temprana de conflictos denominado Dispute Boards o Junta de Resolución de Disputas (JRD) que contribuye a prevenir y resolver controversias durante la ejecución de proyectos de infraestructura.
“Desde hace 25 años, la Ley de Contrataciones del Estado determinó el uso obligatorio del arbitraje para la resolución de controversias derivadas por contratos estatales. Con la entrada en vigencia de la Ley N°30225, que prevé la aplicación de los Dispute Boards o Junta de Resolución de Disputas, las partes pueden prevenir o resolver sus conflictos durante la ejecución de un contrato de obra pública”, afirmó Bustamante Belaunde.
Con este mecanismo, se acompaña la ejecución de los proyectos de infraestructura y se pueden resolver casi en tiempo real las situaciones o eventos que pueden generar una controversia entre las partes. De esta manera, se evitan controversias que impacten en la ejecución de las obras y que pueden llevar, incluso, a su paralización o no culminación.
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En línea con ello, el presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL resaltó que, a pesar de que tanto el arbitraje como la JRD tienen un propósito general de resolver controversias, también presentan diferencias importantes en su ejecución:
Según Luis Bustamante Belaunde, ambos métodos se fortalecen y complementan entre sí. “El Estado peruano apuesta por implementar mecanismos ágiles y especializados, con la participación de adjudicadores y de los propios Centros de Arbitraje para una eficiente solución de las controversias generadas en obras estatales”, señaló.