La despedida de los escenarios de Daddy Yankee tiene ansiosos a sus millones de seguidores ubicados en diferentes países, quienes esperan verlo por última vez durante su gira. Si bien, el artista se prepara para brindar un espectáculo inolvidable, durante su paso por Chile podría enfrentar algunos problemas legales.
A continuación, el motivo que llevaría a declarar ante la justicia al intérprete de “Gasolina” cuando se encuentre en suelo chileno, donde se presenta el 27, 28 y 29 de septiembre.
Aunque el puertorriqueño está enfocado en sus conciertos, él tendría que declarar ante la policía chilena por una denuncia de estafa que le hizo el productor Cristián Argomedo, de Empire Digital, en 2018, año en el que canceló sus tres presentaciones en Coquimbo, Concepción y Santiago.
De acuerdo con la acusación, que se encuentra en la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la instancia judicial, Daddy Yankee habría presentado pruebas falsas y falsificado algunos documentos para evitar responder por dicha cancelación, que estaba a cargo de la empresa de Argomedo.
“No es el caso de que la justicia esté viendo este tema en Puerto Rico. Se comete un delito penal acá en Chile al presentar documentos falsos en juicio. El objetivo es demostrar que durante estos cuatro años se engañó a la justicia chilena, se nos difamó, se nos produjo un lucro cesante, perjudicándonos en patrimonio”, manifestó el productor.
Según Pablo Buono-Core, abogado del productor, el intérprete de “Gata fiera” decidió no presentarse en 2018 por temas de ego profesional; no solo ello, ya que no devolvió el medio millón de dólares que le dieron de adelanto.
“La defensa acompañó un contrato redactado en inglés con 38 firmas efectuadas supuestamente por mi representado. Jamás se firmó un contrato en inglés, es en español, que le dan jurisdicción a los tribunales civiles chilenos”, dijo según publica Infobae Chile.
El abogado de Daddy Yankee en Chile, Gianfranco Grattarola, precisó que dichas acusaciones “solo buscan instrumentalizar al Poder Judicial y a la Fiscalía para dañar la imagen del artista con una denuncia sin fundamento jurídico alguno, basándose en un peritaje judicial que no existe”.
Asimismo, manifestó a Publimetro que “se trata de un documento pagado por la propia denunciante, que no fue tomado en cuenta en la causa civil porque se reconoció-por correos electrónicos enviados por la productora chilena -que los contratos los había firmado”.