Emergencia en el norte: ¿Cuál es la importancia de capacitar a autoridades y funcionarios en gestión pública y prevención?

La mala inversión de dinero es una de las consecuencias directas de este problema, por lo se gasta más de lo necesario.

Fecha Actualización

14/04/2023 - 07:07

La falta de capacidad para desarrollar proyectos para la prevención de riesgos y el bajo nivel de ejecución presupuestal en los distintos niveles de gobierno evidencian un problema casi endémico en el país, que es la precariedad en gestión pública de los funcionarios, afirmaron varios expertos. Por ello, es importante tomar ciertas medidas.

Desde enero de 2023, la temporada de lluvias ha dejado 71 personas fallecidas, 18,043 personas damnificadas, casi 113,000 afectadas y 14,000 viviendas dañadas, según información de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Al impacto social debe agregársele el económico, estimado en 50,000 millones de soles, como el costo de la reconstrucción de la infraestructura afectada, principalmente en el norte del país.

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Para Flavio Ausejo, director de Formación Continua de la Escuela de Gobierno PUCP, el costo de la reconstrucción y el número de afectados hubiera sido cuantiosamente menor si las autoridades hubieran invertido oportunamente en la reducción de riesgos y prevención de desastres. Sin embargo, añadió, la ausencia de objetivos, estrategias y planes de acción para la prevención evidencian la necesidad de contar con autoridades con las habilidades, capacidades y competencias en gestión pública.

Según coinciden el BID y Naciones Unidas, por cada dólar invertido en la reducción de riesgos y la prevención puede ahorrarse hasta 15 dólares en la recuperación después de ocurrido el desastre. Cada dólar invertido en la creación de infraestructuras resistentes a los desastres ahorra 4 dólares en la reconstrucción.

“Invertir en la reducción de riesgos y en el fomento de la capacidad de recuperación salva más que vidas y medios de subsistencia, es también un buen rendimiento de la inversión. Ahora por la mala gestión pública de los distintos niveles de gobierno tenemos, según cifras de Naciones Unidas, 1,030 distritos declarados en emergencia, es decir, el 54% del país”, resaltó el también coordinador de la segunda edición del Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública, dictado por la PUCP y la CAF.

Incapacidad de gasto: problema recurrente

Según el portal de Transparencia Económica del MEF, durante el 2022 dejaron de gastarse el 29% (371 millones de soles) del total del presupuesto destinado a nivel nacional para la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres. En opinión de Ausejo, la incapacidad para desarrollar proyectos para la prevención de riesgos y el bajo nivel de ejecución presupuestal en los distintos niveles de gobierno evidencian un problema casi endémico en el país, que es la destreza en gestión pública de los funcionarios.

Un informe de Comex reveló que hasta el 2019 más de la mitad de las municipalidades reportaron requerir de capacitación sobre la evaluación del riesgo de desastres y al menos un 48.9% necesitaba capacitaciones para la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgos de desastres.

“Las autoridades no tienen suficientes capacidades en la gestión de prevención de riesgos, lo cual limita la priorización y planificación adecuada de las inversiones durante el año”, comentó Ausejo.

Como evidencia de la importancia de capacitar a los funcionarios peruanos está que entre el 2020 y 2022, de un total de 151 obras programadas, por un total de 1,000 millones de soles, apenas 28 fueron construcciones para proteger las riberas y cuencas de ríos en Piura, Lambayeque y La Libertad, pese a que estas regiones fueron afectadas fuertemente por el Fenómeno de El Niño costero de 2017.

Por eso, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF, destacó que el Programa de Gobernabilidad busca contribuir al fortalecimiento institucional mediante la capacitación de líderes y lideresas de la región, en el desempeño eficaz de sus funciones, desde una perspectiva que procura asegurar un balance apropiado de variables políticas, económicas, sociales, climáticas y de género.

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