…dado que la inseguridad ciudadana no es un problema nuevo ni habrá de desaparecer a partir del próximo 28 de julio, los pretendientes a presidente y sus equipos se ponen de acuerdo con el actual gobierno para avanzar en el diseño de políticas que lo mitiguen o ayuden a solucionarlo?
¿Y si hacemos lo mismo con la inversión en educación y empezamos de una vez una reforma en los colegios? Hay muy buenas ideas sobre educación primaria y secundaria moderna, no hay que inventar la pólvora ni empezar de cero. En el Banco Mundial, Cepal y otros hay estudios y diagnósticos para América Latina.
Ambas son reformas dolorosas e impopulares de costo político altísimo pero funcionales a la meta de un país más seguro y mejor educado. Quien sea que llegue a Palacio lo hará apenas (como Alan García y la educación en el 2006-2007) o no lo hará. ¿Quién puede comprarse el pleito y asumir el costo hoy, que es urgente? La gestión saliente. ¿Qué puede perder sino que se le recuerde como el que se sacrificó y, por decir algo, botó a la mitad de la Policía y destituyó a la mitad del Poder Judicial para dejarle el campo limpio al siguiente gobierno?
Seamos prácticos. El diseño e implementación de casi cualquier política pública de gran alcance y escala toman al menos seis meses solo de planificación y antes de echarla a andar hay que conseguir fondos. El presupuesto 2016 ya está cerrado. Si empieza el siguiente gobierno deberá acomodarse y recién al cabo de seis meses (enero 2017) empezar a contratar especialistas, hacer el diseño de las reformas, realizar las pruebas y aplicarlas. Si todo sale perfecto (y rara vez es así) tendríamos un plan de seguridad ciudadana para mediados del 2019. Chicos del CADE, háganse una.
