El 19 de enero pasado, la abogada Giuliana Loza presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para revertir la orden de 36 meses de prisión preventiva que pesa sobre su patrocinada, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Para ese momento, ya se conocía que entre los integrantes de la Sala Penal Permanente figuraba el juez supremo Aldo Figueroa Navarro, sindicado por la fiscal Sandra Castro como miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Ese mismo tribunal ya había evaluado antes recursos interpuestos por Fujimori, por lo que estaba destinado a ver la nueva casación.
Diez días después, el 29 de enero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia que existía contra Figueroa con los votos de los fujimoristas Luis Galarreta, Karina Beteta, Mario Mantilla, Milagros Salazar y Federico Pariona.
Figueroa Navarro será el presidente de la sala cuando toque evaluar la casación, ante la inhibición del titular César San Martín. ¿No debería imitar esa decisión?
Aldo Figueroa es mencionado en uno de los audios que protagoniza el expresidente de la Corte de Justicia del Callao Walter Ríos y el exjuez César Hinostroza. En la grabación, se escucha a Ríos decirle a Hinostroza que había “puesto” de jueza a una abogada “recomendada” por Figueroa.