En el Perú, la ola de delincuencia ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en Lima y otras ciudades importantes como Trujillo. La situación incluye una creciente problemática de extorsiones y sicariato, lo cual ha generado un clima de inseguridad generalizado.
A pesar del Estado de Emergencia implementado por el gobierno de Dina Boluarte en 14 distritos de Lima, y las medidas promovidas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el impacto parece insuficiente para frenar los índices de criminalidad que siguen en aumento.
Las acciones intentan limitar el accionar de bandas organizadas que, aprovechando la expansión de actividades económicas informales, operan en sectores claves con amenazas y cobro de cupos, especialmente en el transporte y el comercio.
Sin embargo, la sensación de inacción y los oídos sordos de parte del Gobierno frente a los reclamos motivaron que diversos gremios empresariales, principalmente de transportistas, salgan a las calles en una serie de paros en todo el país como medida de protesta. Ahora se espera una nueva jornada de protesta para los días 13, 14 y 15 de noviembre, en pleno desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la capital.
CIFRAS QUE ALARMAN
Las cifras de extorsión y sicariato han dejado una profunda huella en la población, que percibe una falta de control sobre las bandas criminales que operan con impunidad. Estos delitos no solo afectan a grandes empresas, sino también a pequeños comerciantes, quienes son intimidados por criminales que buscan obtener ingresos ilegales a través de amenazas de muerte.
El sicariato, en particular, ha generado pánico en barrios donde la violencia extrema, antes asociada a zonas marginales, se ha trasladado al centro de la vida urbana. La respuesta del Estado ha sido criticada por su lentitud, ya que las medidas policiales no logran frenar el crecimiento del crimen organizado, mientras que la percepción de inseguridad sigue aumentando.
Perú21 hizo un recuento general del DESBORDE DE VIOLENCIA de los principales casos perpetrados en Lima y varias ciudades del país. Solo en el mes de octubre se pudo contabilizar alrededor de 50 asesinatos vinculados al sicariato. Estos ataques desatan cruentas balaceras y atentados con explosivos que han dejado más de 40 heridos.
Los distritos de Ate, Comas, La Victoria, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Independencia y la provincia constitucional del Callao fueron las zonas más afectadas por la violencia.
ESTADO DE EMERGENCIA
El Estado de Emergencia, que restringe ciertos derechos constitucionales en los distritos afectados, busca aumentar el control policial y militar en zonas de alto riesgo. Sin embargo, la falta de una estrategia integral y de una adecuada coordinación entre las instituciones ha debilitado la eficacia de estas acciones.
Diversos analistas sostienen que el problema radica en la ausencia de políticas de prevención sostenidas y en la limitada capacidad del sistema de justicia para procesar y sancionar a los responsables. Además, los altos niveles de corrupción dentro de las propias instituciones de seguridad y justicia han sido identificados como factores que facilitan el crecimiento de estas organizaciones criminales.
La población peruana, ante este panorama, ha mostrado una creciente desconfianza en el gobierno y en su capacidad para devolverle la tranquilidad. Las comunidades exigen medidas más contundentes que, además de un despliegue policial, incluyan proyectos sociales y programas educativos que ayuden a combatir las raíces del crimen en el país. Este contexto demanda una intervención integral y sostenida que no solo enfrente la violencia en el corto plazo, sino que también reduzca el riesgo de su resurgimiento en el futuro.
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