El arbitraje y los procesos judiciales son los principales medios de solución de controversias en el mercado. Ambos comparten elementos en común, pero a la vez grandes diferencias. Esto hace que las personas naturales o empresas deban valorar adecuadamente las ventajas y desventajas de ambos mecanismos, a fin de inclinarse por la solución que mejor se acomode a sus intereses.
Ahora bien, actualmente, el Perú es uno de los países líder en arbitraje en el mundo; debido a la cantidad de arbitrajes realizados, la constante actualización de nuestra práctica arbitral y por la aceptación que ha tenido en el mercado. Además, se ha implementado en otras áreas distintas a lo comercial, como en solución de controversias en contrataciones públicas. Ello como respuesta a la desconfianza en el Poder Judicial, su impredictibilidad y la extensa duración de sus procesos.
Al respecto, Gustavo Miró Quesada, socio del Estudio Miró Quesada & Miranda, comenta: “Se conoce que los plazos para obtener una sentencia firme son largos entre 6 y 10 años, principalmente por la gran carga procesal de los juzgados. Mientras que, el proceso arbitral dura un periodo de entre 12 a 24 meses, aproximadamente”.
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En línea con ello, el especialista del Estudio Miró Quesada & Miranda, detalla cinco beneficios que caracterizan al arbitraje frente al proceso judicial:
En cambio, en un proceso judicial, ninguna de las partes puede decidir qué juez se hará cargo del proceso.
Por lo tanto, el arbitraje usualmente será más costoso que la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la duración de un arbitraje es mucho menor y la especialización de los árbitros hace más probable que su decisión sea correcta y justa.
Por otro lado, el sistema judicial contempla la doble instancia, con lo cual, toda sentencia puede ser apelada y una segunda instancia evaluará nuevamente las pruebas y argumentos de las partes para confirmar, modificar o revocar la decisión anterior.
Para finalizar, el doctor Miró Quesada, hace hincapié en la importancia de incorporar un convenio arbitral en los contratos, ya sea entre empresas privadas, entidades públicas o personas naturales; ya que, de producirse una controversia, las partes podrán encontrar una solución más rápida, justa y eficiente a su controversia.
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