La ciudadanía la tiene clara. El Congreso, en cambio, no deja de regar sospechas y oscuras intenciones detrás de sus pretendidos proyectos de ley sobre el crimen organizado. Definitivamente algo parece no estar bien cuando el Pleno aprueba por larga mayoría que los allanamientos deban realizarse ahora en presencia de los investigados y junto a sus respectivos abogados. Un dictamen que recibió el visto bueno de 11 de las, entonces, 12 bancadas y que no hace sino generar una mueca de felicidad a la delincuencia, pero de desagrado en la población.
La ciudadanía la tiene clara: sabe que iniciativas como estas debilitan aún más la lucha contra la organización criminal y lo ratifica la última encuesta de Ipsos para Perú21, donde el 75% de peruanos considera que los allanamientos deben seguir siendo sorpresivos, pues, de lo contrario, no servirían de nada. Un contundente rechazo a las intenciones congresales.
La cifra aumenta considerablemente en los niveles socioeconómicos A (91%) y B (84%), mientras en el E disminuye a 67%. En el interior del país la aceptación a mantener tal como están los allanamientos también es de 75% un punto más que en Lima. El Congreso, pues, debería voltear su mirada, aunque sea esta vez, a lo que piensa la ciudadanía, y reflexionar antes de hacer viable definitivamente este dictamen en la segunda votación.
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Jorge Chávez Cotrina, coordinador de la Fiscalía de Crimen Organizado, y uno de los primeros en cuestionar este dictamen aprobado en el Legislativo, saludó que la ciudadanía esté del lado de la lucha contra la delincuencia.
“La percepción de la ciudadanía es clara, ha entendido la importancia de los allanamientos mejor que el Congreso y saben que si se pierde el factor sorpresa pierde su propia naturaleza, también. La población no es tonta y ha captado que no se puede debilitar así la lucha contra la delincuencia. Esperemos, pues, que la voz del pueblo pueda ser oída por el Congreso”, indicó el fiscal al comentar la encuesta.
Chávez Cotrina, además, justificó el alto porcentaje en las clases A y B, señalando que son la parte más afectada por la delincuencia. “Es entendible, en los últimos tiempos la delincuencia viene apuntando a esta clase de personas”, analizó para Perú21.
Un 23% está de acuerdo con que se avise con anticipación a los investigados sobre los allanamientos.
LESA HUMANIDAD
La ciudadanía la tiene clara también en otro proyecto aprobado por el Pleno del Congreso en primera votación referido a los crímenes de lesa humanidad. Los padres de la patria con 60 votos establecieron que no se podría seguir procesos por esta clase de delitos por hechos cometidos antes de 2002. Esta norma terminaría archivando al menos unos 600 procesos penales por esta naturaleza.
El estudio de Ipsos para este diario mostró que el 71% de los peruanos rechaza la ley aprobada por el Congreso. Los ciudadanos de Lima se mostraron más reacios aún, pues el 76% desaprobó la norma que pretende consumar el Legislativo, mientras en el sur el rechazo crece a 77%. Un 76% de las personas de 43 años a más, que vivieron la época del terrorismo, también se mostraron en contra de la decisión del Pleno.
“Ese es un tema bastante delicado porque tenemos que responder a la comunidad internacional, pero estos delitos no prescriben y la población que ha vivido el terrorismo está bien al tanto de eso. Precisamente en la encuesta se muestra claramente que el rechazo crece entre las personas mayores de 40 años”, explica Chávez Cotrina.
Las defensas legales de algunos investigados por estos casos –entre estos el del expresidente Alberto Fujimori— ya adelantaron que de aprobarse este dictamen en segunda votación buscarán que se aplique la ley. Un 24% de los entrevistados apoyan la decisión tomada en el Pleno del Congreso.
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