Según el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la tasa de ejecución presupuestaria del gasto público en inversiones (activos no financieros) fue de 81.9% en el año 2024. Es un récord histórico si consideramos que en el periodo prepandemia (2019) este fue de 65%.
A diferencia del gasto público general, que está destinado a garantizar el funcionamiento cotidiano del Gobierno, el gasto en inversiones se enfoca en crear o mejorar infraestructuras y activos duraderos que impulsen el desarrollo económico y social, como carreteras, hospitales, colegios, transporte público o sistemas de agua potable.
El progreso en la tasa de ejecución presupuestaria se debe a diversos factores, como la flexibilización de reglas de contrataciones e inversiones, el incremento de los estándares de perfiles de puesto de funcionarios, los esfuerzos de capacitación a cargo del MEF y los llevados a cabo por las propias unidades ejecutoras, así como el foco del control gubernamental centrado en el control concurrente, que alerta y previene actos de inconducta funcional para que se puedan corregir, entre otros.
Aunque los S/58,490 millones registrados como gastos devengados (DEV) en la genérica Activos No Financieros (inversiones), correspondientes a los S/71,400 millones programados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2024, se reducirán durante el periodo de regularización presupuestaria en el primer trimestre de este año 2025, un análisis más preciso debiera descontar (mediante un adecuado mecanismo de consolidación) los gastos de inversión intrasistema —producto de las transferencias entre los distintos niveles de gobierno— que terminan inflando el gasto público.
Es evidente que la capacidad del gasto estatal ha aumentado significativamente por quinto año consecutivo con una tendencia creciente de 65% en el periodo prepandemia (2019) hasta superar el 81.9% hoy en día. Y de hecho en 2024 la tasa de ejecución, medida a través del indicador de eficacia presupuestaria en la inversión pública, que se obtiene al dividir el monto ejecutado (DEV) con respecto al monto presupuestado vigente (PIM), aumentó en más de 6 puntos porcentuales con respecto al 2023, cuando alcanzó el 75%.
Si bien la mayor ejecución del gasto en inversiones corresponde al Gobierno nacional, con S/25,175 millones y una tasa de ejecución del 94% (frente a S/21,800 millones y 88% en 2023), no es completamente comparable con la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y locales, que también lograron mejorar respecto al 2023. Estos últimos ejecutaron, en 2024, S/19,400 millones con una tasa promedio del 67% (en comparación con S/18,100 millones y 62% en 2023); mientras que los gobiernos regionales alcanzaron S/13,914 millones, logrando una tasa de ejecución del 88% (frente a S/10,900 millones y 78% en 2023).
Lo planteado nos invita a reflexionar y debatir que lo esencial no es únicamente alcanzar altos niveles de ejecución financiera, sino garantizar una ejecución física de calidad, transparente y efectiva. Miles de millones ejecutados representan una gran pérdida para la sociedad cuando están asociados a actos de corrupción, irregularidades funcionales, obras o servicios mal diseñados, ejecutados e incluso paralizados. Por tanto, es indispensable priorizar ahora la calidad de la inversión sobre el mero cumplimiento del gasto.
Si queremos hablar de cierre de brechas a través de la correcta ejecución del gasto público, debemos concentrarnos en una gestión pública eficiente; en mejorar la prestación de los servicios que impactan en la vida cotidiana de la gente, y superar los obstáculos que impiden un mayor progreso social y económico. No basta con inauguraciones vistosas. Es esencial que los proyectos se concreten con eficiencia y se aseguren los gastos corrientes y de operación inmediata, así como un mantenimiento integral; lo contrario hará que la inversión realizada termine deteriorándose y pierda valor.
Un buen primer paso, en este año preelectoral, que busque optimizar la gestión y mejorar el gasto público sería aislar los efectos de las distintas medidas tomadas y saber cómo impacta cada una, qué funciona mejor y hacer un análisis costo-efectividad. Una tarea que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF —ente rector del sistema de inversiones—, de la mano de la Academia, debiera impulsar para diseñar un programa de mejora de la inversión pública basado en evidencia apropiada a nuestra realidad, y así potenciar las capacidades de ejecución al 2025.
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