Esta semana se debe votar el informe del congresista Cavero en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Este propone archivar la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez por omisión de funciones durante las protestas de noviembre 2020. Se les imputa no haber tomado medidas para evitar una vulneración previsible de la vida e integridad de los manifestantes. De aprobarse el informe, se sustraería a los exfuncionarios de la acción de la justicia. El problema principal del documento es que niega hechos evidentes.
Para el informe no está acreditado que la respuesta de la policía fuera desproporcionada. Afirma que “de haber existido excesos, estos serían casos aislados”. Ello contradice investigaciones serias:
En un antejuicio no es labor del Congreso reemplazar a la justicia. Solo le corresponde decidir si la autoriza a actuar. Se trata de un caso complejo. La verosimilitud penal no debería analizarse si no se han establecido correctamente los hechos. El informe presenta un vicio metodológico. Se basa solo en documentos oficiales y en las declaraciones de las autoridades de la época. Las investigaciones citadas, en cambio, también consideraron videos, reportes periodísticos, historias clínicas, entrevistas con víctimas, familiares y testigos. La subcomisión no puede tapar el sol con un dedo.
