No solo los votos son clave en el Congreso para asegurar el blindaje frente a una denuncia.
También lo es, en paralelo, la demora en el trámite de las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación.
¿Por qué? Porque si los informes no llegan al Pleno para ser votados, los funcionarios denunciados pueden evitar ser suspendidos del ejercicio de la función pública, incluso si hay pruebas en su contra, tal como lo solicita el Ministerio Público.

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De esa forma, el camino queda libre para postular nuevamente a cargos de elección popular o asumir puestos en el Ejecutivo o en el aparato estatal.
Más aún si se considera que el cierre de inscripciones para postular al Congreso —cámaras de Diputados y Senadores— vence el 23 de diciembre de este año.
A paso de tortuga
Perú21 accedió a la lista de denuncias acumuladas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), enviadas por la Fiscalía de la Nación entre 2024 y 2025.
Figuran allí casos contra la presidenta Dina Boluarte, el expresidente Martín Vizcarra y varios congresistas.
En total son 40 denuncias constitucionales remitidas a la SAC en los últimos dos años.
De ellas, 34 están pendientes de iniciar el trámite de calificación y seis están en trámite o a la espera de un informe final —sea a favor o para archivo—. El tiempo corre.
Castillo beneficiado
Uno de los casos más visibles es el del expresidente Pedro Castillo, quien tiene tres denuncias constitucionales pendientes en la SAC —donde se procesan estos casos— y otras dos en trámite.
Todo indica que estas acusaciones podrían acumularse para ser votadas en conjunto en el Pleno.
Entre ellas está la denuncia por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, presentada por los congresistas Alejandro Cavero y Alejandro Muñante, que propone inhabilitarlo por diez años. Esa también sigue en curso.
Si ninguna de esas denuncias se aprueba antes del 23 de diciembre y no se concreta su inhabilitación, Castillo quedará habilitado para postular al Senado.
Lo haría como invitado del partido Juntos por el Perú (JP) con el que su agrupación, Todo con el Pueblo —en proceso de inscripción—, ha sellado un acuerdo.
Además, está la reciente denuncia constitucional presentada por la Fiscalía el pasado 25 de julio contra Castillo y 24 congresistas por presuntamente entregar obras a cambio de votos (caso Los Niños).
Aunque esta no plantea su inhabilitación en la SAC, cualquier integrante podría pedirlo durante la votación (esta denuncia aún no está procesada).
Más denuncias
Entre las denuncias que avanzan a paso lento en la SAC también figuran las de la presidenta Dina Boluarte (siete pendientes de ser votadas), del exmandatario Martín Vizcarra (dos en trámite y una pendiente), de la fiscal suprema Patricia Benavides (tres pendientes y una en trámite) y de 15 congresistas (13 pendientes y dos en trámite. Mire el registro en la web).
La responsabilidad de destrabar estos casos recaerá en la próxima subcomisión. La cuenta regresiva ya empezó.
Sabía que
-Piden celeridad para evitar impunidad. Los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina señalaron a Perú21 que la próxima subcomisión tiene en sus manos la posibilidad de acelerar el trámite de las denuncias enviadas por la Fiscalía.
-“La SAC debe priorizar las denuncias presentadas por la Fiscalía. La demora podría ser usada a favor de los demandados”, dijo a Perú21 el constitucionalista Erick Urbina.