Perdemos todos

Si la institución llamada a velar por la vigencia del imperio de la ley en el país se encuentra jaloneada por conflictos internos completamente salidos de cauce, es que muy mal andamos.

Actualización 19/06/2025 – 12:58

La disputa por el poder en la Fiscalía de la Nación llegó en estos últimos días a niveles nunca antes vistos en años recientes, afectando seriamente la imagen de una institución primordial para la democracia y ahondando más la crisis que venía arrastrando.

La Junta de Fiscales Supremos, que preside Delia Espinoza, acordó por unanimidad rechazar la resolución de la Junta Nacional de Justicia, que dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Entre las decisiones de ambas juntas se han sucedido episodios bochornosos para la administración de justicia en el país. En uno de ellos, el pasado lunes, se vio a Benavides —rodeada de guardaespaldas, políticos, asesores y diversos amanuenses de cuello… almidonado— intentando retomar físicamente el despacho del que fue eyectada hace año y medio por tejemanejes de dudosa probidad. Cosa que no logró, pues la actual titular del cargo se encerró en su oficina y rechazó la presencia de su antecesora, quien finalmente optó por retirarse al cabo de largas horas de espera en los pasillos del local.

Vinieron luego, desde ambas orillas, comunicados, declaraciones de jurisletrados, encendidas vigilias y gruesas amenazas apenas disfrazadas de argumentos legales. Incluso un personaje tan desacreditado como es el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se dio el lujo de meter su cucharón de palo para sumarse a uno de los bandos en conflicto, en este caso, el de Benavides (recuérdese que el hombre, oh casualidad de casualidades, es investigado por el actual Ministerio Público).

Lo último ha sido el habeas corpus interpuesto por Delia Espinoza ante la Corte Superior de Justicia de Lima para evitar que la Policía Nacional la detenga bajo el supuesto delito de flagrancia, luego de que anunciara que, de su cargo, a ella no la movía nadie.

Un penoso espectáculo, pues, que no solo empeora la ya empañada imagen del sistema judicial en el Perú, sino de la clase política en general y, cómo no, de nuestra democracia. Si la institución llamada a velar por la vigencia del imperio de la ley y el Estado de derecho en todo el territorio nacional se encuentra en estos momentos jaloneada por conflictos internos completamente salidos de cauce, es que muy mal andamos.

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