El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, lanzó una fuerte advertencia a menos de 24 horas del inicio del debate de la nueva Ley MAPE en la Comisión de Energía del Congreso: el Minem estaría utilizando la propuesta de que el Estado compre oro solo a mineros formales como una maniobra para beneficiar, en realidad, a la minería ilegal e informal.
Según Gálvez, en comunicación con Perú21, el documento enviado por la cartera sectorial al Congreso —que plantea que el Estado adquiera oro exclusivamente de mineros formalizados— sería una estrategia encubierta para incorporar a los informales e ilegales mediante una formalización exprés.
Esto, ya ha sido alertado por la SNMPE con un reciente pronunciamiento, a través de su directora ejecutiva, Ángela Grossheim, donde señala que en el predictamen de la nueva Ley de la Pequeña y Mediana Minería (Ley MAPE) —documento revelado por Perú21— se tiene la intención de legalizar a los mineros ilegales e informales.
“La minería formal no necesita que el Banco de la Nación o el BCR le compre oro”, subrayó Gálvez, quien sostiene que la verdadera intención detrás de la propuesta es habilitar un canal de legitimación para el oro de origen ilegal. A su juicio, esta medida abre la puerta para que el Estado termine comprando oro proveniente de concesiones invadidas, sin contratos legales y sin trazabilidad, facilitando un mecanismo de blanqueo.
Documento enviado por el Minem a la comisión del sector.
COMPRA DE ORO
En la sección de conclusiones, el documento del Ministerio de Energía y Minas (Minem) plantea en su tercera indicación, de forma textual, que: «Respecto al Programa Especial de comercialización de oro se evidenció un consenso amplio sobre la necesidad de que el Estado debe asumir un rol más activo en la promoción de compra y venta legal, que permita al minero formalizado colocar su producción. Pese a ello, se registraron posiciones opuestas entre los gremios de la MAPE y la SNMPE respecto de la conceptualización del mismo, pues para la SNMPE el Estado solo debe cumplir un rol facilitador, mientras que para los miembros de la MAPE el Estado debe cumplir el rol de comprador, a fin de asegurar la demanda y garantizar un precio justo del mineral.»
En febrero último, Perú21 reveló que el principal gremio de mineros informales, Confemin, propuso que en la nueva Ley MAPE se incluya una disposición para que el Banco de la Nación pueda comprarles su oro. En ese momento, estimaban que podrían ingresar al mercado legal hasta US$ 6 mil millones anuales, cifra que, según expertos, podría duplicarse en 2025, alcanzando los US$ 12 mil millones. Este monto se basa en el volumen que actualmente exportan los mineros ilegales, el cual coincide con el oro que el gremio informal asegura comercializar.
Incluso, ya se han presentado tres proyectos de ley que buscan autorizar al Banco de la Nación a comprar oro a los mineros informales. Las iniciativas fueron presentadas por los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Eduardo Salhuana (APP) y Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú).
ALERTA POR DEBATE DEL PREDICTAMEN
Este viernes comenzará el debate del predictamen de la Ley MAPE en la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación enviando una carta a Gutiérrez, en la que advierte sobre el grave riesgo que representa para la economía nacional el predictamen a debatirse. Según el gremio, el texto no solo buscaría legalizar de forma exprés a los mineros informales, sino también revertir concesiones mineras, lo cual terminaría favoreciendo directamente a la minería ilegal.
La SNMPE cuestiona particularmente el artículo 4.2 del documento, que —según su interpretación— redefine conceptos clave de manera peligrosa. En una carta firmada por su directora ejecutiva, Ángela Grossheim, el gremio señala que los incisos “b” y “c” de dicho artículo abren la puerta a regularizar actividades hoy fuera del marco legal.
El inciso “b” define la minería informal como aquella que se ejerce «sin haber iniciado ningún trámite de formalización ante el Estado», lo cual permitiría que incluso quienes no han hecho ningún esfuerzo por regularizarse sean considerados “informales”, una categoría con sanciones más leves que la de “minería ilegal”.
Por su parte, el inciso “c” redefine la minería ilegal como aquella «que se realiza sin autorización estatal y en zonas de exclusión minera», lo que, según la SNMPE, reduce drásticamente el alcance actual de ese concepto y excluiría muchas operaciones que hoy sí están consideradas ilegales.
Para la SNMPE, esta redacción representa un serio retroceso. “Se aparta y desnaturaliza el objetivo de establecer un nuevo marco jurídico aplicable exclusivamente a las actividades formales de pequeña minería y minería artesanal”, indica la carta. En lugar de establecer estándares técnicos y legales claros, advierten que la norma perpetuaría el fracaso del proceso de formalización minera en el país.
El gremio propone que la Ley MAPE incorpore criterios técnicos mínimos: competencias claras para las autoridades, medidas de prevención ambiental, seguridad laboral, trazabilidad en toda la cadena productiva y programas de capacitación. Solo con esos elementos —aseguran— se podrá construir una minería responsable, competitiva y alineada al desarrollo nacional.
INTERPELACIÓN Y DENUNCIA CONTRA EL MINISTRO
En paralelo, la bancada de Acción Popular aún no logra reunir las 20 firmas necesarias para interpelar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por haber incorporado el Reinfo hereditario en el Decreto Supremo N.º 009-2025-EM, el cual extiende el Reinfo hasta julio y permite una prórroga hasta diciembre.
Por la misma razón, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó una denuncia constitucional contra el ministro y la presidenta Dina Boluarte, solicitando su inhabilitación por diez años para ejercer función pública.
Intentando evitar la interpelación, el ministro Montero anunció este miércoles que hará una “precisión” al decreto supremo, aclarando que el Reinfo hereditario solo estará vigente hasta diciembre, para evitar que se interprete como una medida indefinida.
La recolección de firmas para su interpelación se ha convertido en una prueba de fuerza en el Congreso, donde al menos cuatro bancadas —Renovación Popular, Podemos, Perú Libre y Juntos por el Perú— cuentan entre sus filas con 14 dirigentes vinculados a la minería informal, según reportes de Perú21 y otros medios.
¿Logrará el ministro Montero evitar la interpelación?, ¿recibirá el apoyo de las bancadas que tiene en sus filas a mineros informales?
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