La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, requirió al Poder Judicial que suspenda de sus funciones al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas al considerar que su reincorporación, ordenada por el Tribunal Constitucional (TC), es un «peligro».
En su solicitud de 78 páginas, a la que accedió Perú21, Espinoza advierte que Gálvez sigue siendo investigado penalmente por interceder en favor del hoy congresista José Luna Gálvez para que este consiga la inscripción de su partido político Podemos Perú.
El caso está en manos de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado, que imputa al fiscal Gálvez los delitos de tráfico de influencia y organización criminal por haber sido el enlace de Luna con el extinto Consejo Nacional de la Magistratura para asegurar el nombramiento del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La indagación señala que el magistrado contactó en 2017 al entonces consejero Hebert Marcelo para que direccione la elección de Adolfo Castillo Meza como cabeza de la ONPE y así Podemos tenga la inscripción garantizada. El otro operador era José Luis Cavassa Roncalla.
Según la declaración de Castillo, se encontró con Cavassa la noche del 23 de febrero de 2017, en el Óvalo Higuereta de Surco, y este lo llevó a una vivienda ubicada a unas cuatro cuadras donde fueron recibidos por Tomás Gálvez y Marcelo.
«Cavassa inicia la presentación señalándome ‘este es hombre, Castillo Meza’ y yo saludo a Tomás Gálvez, Hebert Marcelo y empezamos a hablar sobre los planes de la ONPE; el exconsejero me brindó su apoyo para lograr ser jefe de la ONPE, Tomás Gálvez nos invitó piqueos y bebidas en su casa, entonces me di cuenta que Gálvez era el puente», manifestó.
Ante estas pruebas, Espinoza requirió al juez supremo Juan Carlos Checkley que suspenda a Gálvez Villegas de sus funciones por 36 meses al concluir que representa un «riesgo institucional».
«El riesgo institucional se refiere al peligro que representa el retorno del investigado (Tomás Gálvez) a un cargo público no solo en términos de posible reiteración delictiva sino también en cuanto a la afectación de la integridad, legitimidad y funcionamiento de la institución misma. En otras palabras, se debe reflexionar sobre el riesgo de que este alto funcionario público vuelva a utilizar su posición para delinquir», se lee en el documento.
Checkley convocó a audiencia el 29 de mayo para evaluar el pedido de la fiscal de la Nación.
Aún no renuncia a su partido
Perú21 se comunicó con Gálvez para conocer si finalmente decidió retomar funciones como fiscal supremo, ya que de ser así tendría que renunciar a su partido político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!.
«Todavía no está confirmada mi salida (del partido), además como han pedido que me suspendan, quizás lo consiguen (…) primero debe resolverse la audiencia de la suspensión, si no me dejan ser fiscal de la Nación, entonces seré presidente», dijo a este diario.
El fiscal saltó a la palestra en 2018, cuando se escuchó su voz en los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, coordinando con el prófugo exjuez César Hinostroza. Por esas irregularidades fue destituido del puesto en 2021, pero el TC ordenó su reposición cuatro años después.
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